México ha condenado este martes el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que permite la entrada en vigor de la ley migratoria del estado de Texas, una medida que fomenta la “criminalización” de los migrantes, así como la separación de las familias, la discriminación o el “perfilamiento racial”.
“México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Asimismo, ha criticado las disposiciones legales que afectan a los derechos “de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, generando ambientes hostiles en los que la comunidad migrante esté expuesta a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial”.
De la misma forma, la Secretaría ha señalado que están en su derecho de proteger a los nacionales mexicanos en territorio estadounidense, así como de “establecer sus propias políticas de internación a su territorio”.
“México reconoce la importancia de una política uniforme en materia migratoria y los esfuerzos bilaterales con ese país para que la migración de personas sea de manera segura, ordenada y con respeto a sus Derechos Humanos (...) México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”, ha agregado.
El Gobierno mexicano participará como ‘amicus curiae’ en el proceso de apelación que se lleva a cabo en Nueva Orleans, Luisiana, para “acercar información relevante sobre el impacto que dicha ley tendrá en la comunidad mexicana” y su efecto en las relaciones bilaterales.
El Supremo de Estados Unidos ha levantado este martes el bloqueo contra la ley migratoria de Texas, lo que a efectos prácticos permite que las autoridades estatales implementen la medida mientras continúa la disputa legal en la corte federal de apelaciones.
La ley, que autoriza a las fuerzas fronterizas a detener a migrantes, fue promulgada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en diciembre de 2023 y castiga con hasta 180 días de cárcel y una multa de hasta 2.000 dólares cruzar al estado de forma ilegal.
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