La Embajada en Caracas, pendiente del caso de la activista española detenida por supuesta traición en Venezuela

La Embajada en Caracas está siguiendo el caso de la activista Rocío San Miguel, detenida desde el viernes en Venezuela y que también tiene nacionalidad española, según han informado a Europa Press fuentes diplomáticas, que no han entrado a valorar el arresto. Las fuentes han explicado que la embajada "está siguiendo el caso" desde que tuvo conocimiento de la detención, que se produjo el viernes pasado. Asimismo, desde la legación diplomática se están haciendo "gestiones con las autoridades venezolanas para determinar su paradero, prestar asistencia consular, y garantizar que se respeten sus derechos", han precisado las fuentes. La defensora de Derechos Humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano Rocío San Miguel fue detenida el pasado viernes 9 de febrero cuando intentaba salir del país. Según publicó la prensa venezolana, la detención está relacionada con las investigaciones del Gobierno de Nicolás Maduro en relación con los casos de conspiración denunciados por el presidente el pasado 15 de enero en la presentación de memoria y cuenta en la Asamblea Nacional. En este contexto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado este lunes que solicitará a la Justicia del país medidas de privación judicial preventivas de libertad contra Rocío San Miguel por los delitos de traición, conspiración y terrorismo. El equipo legal de la activista, detenida el 9 de febrero cuando intentaba salir del país en el Aeropuerto Simón Bolívar, ha denunciado que otros cinco familiares han sido detenidos, entre los que se encuentran su hija, Miranda Díaz San Miguel, y su exmarido Víctor Díaz Paruta. El Gobierno venezolano informó sobre la expulsión de más de 30 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, implicados en estas conspiraciones, que, según la versión de las autoridades, incluían un magnicidio. Precisamente este martes la Organización de Estados Americanos (OEA) aseguró que el caso de la activista hispanovenezolana es un "atropello injustificable" y se trata de otro episodio de "criminalización" de los defensores de los Derechos Humanos. Desde Estados Unidos, la Casa Blanca expresó también su "malestar" por la detención y reclamó a Nicolás Maduro que cumpla "con los compromisos que asumió el otoño pasado sobre cómo va a tratar a la sociedad civil, a los activistas políticos y a los partidos de la oposición".