La Paz, 9 feb (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, y el exmandatario Evo Morales (2006-2019), ambos oficialistas, cruzaron críticas este viernes respecto a la sesión postergada de la Cámara de Diputados, que debía consolidar los acuerdos políticos para la realización de las elecciones judiciales este año.
El jueves, la Cámara Baja se estancó en la polémica sobre el orden de la agenda de debates sobre la aprobación de siete créditos externos y dos leyes referidas al cese de funciones de los magistrados que se prorrogaron en sus cargos.
La Cámara de Diputados, controlada por el ala arcista del Movimiento al Socialismo (MAS), planteó que primero se autoricen los créditos, mientras que el bloque evista y las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos plantearon tocar de inicio el cese de funciones de los magistrados.
El debate sobre el 'orden del día' se extendió por más de seis horas, hasta que finalmente quedó aplazado sin fecha "en acuerdo con las jefaturas nacionales de bancada", se indicó en un comunicado.
Los acuerdos políticos surgieron del diálogo parlamentario multipartidario para que se promulgue la ley de convocatoria a las elecciones judiciales y se levante el bloqueo de caminos que los afines a Morales mantuvieron por 16 días.
"No se puede entender el pacto entre el Gobierno y los exmagistrados autoprorrogados inconstitucionalmente", escribió Morales en la red social X.
El exgobernante dijo que ese "pacto" busca la "impunidad" en las denuncias de corrupción y narcotráfico contra el Gobierno y que "es un golpe judicial" que genera la "desinsitucionalización del Estado".
"Detrás de este pacto existe algo, ¿será el cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional, será un autogolpe con detenciones a los líderes políticos?", cuestionó.
Por su parte, Arce, que participó en un acto de Gobierno en el departamento de Chuquisaca, dijo estar "preocupado" por lo que en la víspera sucedió en el Legislativo nacional.
El mandatario acusó a la oposición y al bloque "evista" de actuar según sus "intereses políticos" y dejar de lado el acuerdo para dar vía a la celebración de los comicios judiciales.
"Piden priorizar, pisoteando un acuerdo, los temas políticos y no tratar leyes que viabilizan créditos para hacer obras para el pueblo boliviano", mencionó Arce.
El jefe de Estado dijo que el acuerdo parlamentario consistía en "compensar todo el daño económico que se ha hecho" durante el bloqueo de caminos y cuestionó que los partidos de oposición y al sector evista luchen por sus "intereses".
El Gobierno calculó una pérdida de 1.000 millones de dólares por los bloqueos que se concentraron en el departamento central de Cochabamba, que afectó el tránsito entre el oriente y el occidente del país y generó la escasez de algunos alimentos de primera necesidad, falta de combustibles además de la subida de precios.
Esta semana, Arce promulgó la ley que convoca a las elecciones judiciales, sin embargo quedó pendiente la aprobación de dos normas relacionadas al cese de los magistrados que ampliaron su mandato y la aprobación de los créditos, que fue un pedido del Gobierno.
Los comicios judiciales debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, ante lo cual el Tribunal Constitucional decidió prorrogar su mandato y el de los otros magistrados para evitar un "vacío de poder".
La Constitución vigente desde 2009 introdujo la elección por voto popular cada seis años de los magistrados y consejeros de los máximos tribunales del país.
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