La Habana, 29 ene (EFE).- El ministro colombiano de Defensa, Iván Velásquez Gómez, concluyó este lunes su participación en la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), informaron en redes sociales las partes.
La participación de Velásquez en el sexto ciclo de las negociaciones de paz, que comenzó este sábado, se centra en las conversaciones sobre la prórroga del cese al fuego, un aspecto clave de esta ronda en La Habana porque apenas quedan unas horas para que concluya el paro de 180 días.
La delegación gubernamental calificó de exitosa la participación de Velásquez en las negociaciones, pero no trascendió públicamente nada sobre el contenido de los debates en que intervino ni por qué fue necesaria su presencia en la mesa en la capital cubana.
Este cese al fuego bilateral, nacional y temporal, el más largo acordado entre las partes hasta la fecha, entró en vigor el 3 de agosto del año pasado y concluye este lunes, 29 de enero.
Su prórroga es el punto más importante de las negociaciones que mantienen el Gobierno y el ELN en este ciclo de diálogos.
"Espero que sea una reunión realmente provechosa para todos... Sobre los avances del proceso y frente a eventuales situaciones en las que haya necesidad de una intervención especial", aseguró Velásquez en la primera plenaria en la que participó.
El cese al fuego ha resultado en una reducción de la violencia, pero ha tenido altibajos controvertidos que han arrojado dudas sobre el proceso, sobre todo cuando se conoció el secuestro por parte del ELN de Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, del Liverpool.
Las partes llegaron a La Habana hace una semana con la voluntad expresa de renovar el cese al fuego, pero con condiciones.
El ELN pedía "garantías" de que el cese cumpliera "su función principal", que era mejorar las condiciones de vida y los derechos humanos de la población civil, mientras que el Gobierno quería ampliar los términos.
El actual cese al fuego se limita a prohibir acciones ofensivas en contra de la otra parte y cualquier acción no permitida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Gobierno quiere, en palabras de la jefa negociadora, Vera Grabe, "que se incluyan más lo que se llaman acciones violatorias más allá del secuestro, aquellas que afectan a la población".
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