Tucson (AZ), 4 dic (EFE).– La guatemalteca Mariana Gómez es la primera persona indocumentada en Nuevo México en obtener una protección migratoria bajo un programa federal por haber sido víctima de explotación laboral en Estados Unidos.
“Sufrí de robo de salario, no me pagan el salario mínimo ni todas las horas que trabajaba, ni tampoco tiempo extra”, dijo Gómez hoy lunes durante una conferencia de prensa.
La indocumentada comenzó a trabajar en una tienda de productos naturales en 2021 en Albuquerque, Nuevo México, cuando de inmediato comenzó a ser víctima de su empleador.
Gómez se convirtió en la primera persona indocumentada en ser aprobada al programa de Acción Diferida para víctimas de abuso laboral anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2022.
El programa la protege de una posible deportación y le otorgó un permiso de trabajo y un número de Seguro Social mientras su caso de abuso laboral se encuentra bajo investigación.
La Administración del presidente Joe Biden anunció a principios de este año que se aceleraría el procesamiento de las solicitudes presentadas, lo que benefició a la guatemalteca.
Sarita Nair, secretaria del Departamento de Soluciones del Trabajo en Nuevo México, dijo en la conferencia de prensa que este tipo de ayuda es extremadamente necesaria ya que muchos trabajadores sufren explotación laboral y no la denuncian por temor a ser reportados a las autoridades migratorias.
Para poder solicitar el beneficio, el inmigrante debe haber presentado una denuncia ante el Departamento del Trabajo, y si procede esta dependencia se encarga de enviar al DHS la petición para la protección migratoria.
“El principal requisito es que el caso siga abierto y en investigación”, dijo Zulema Chavero, organizadora comunitaria con Somos Un Pueblo Unido, organización en Nuevo México que ayudó a Gómez a obtener la protección.
Por su parte, la guatemalteca dijo que tener la Acción Diferida le ha permitido obtener un mejor empleo.
“Quiero contar mi historia para que otros sepan que no deben soportar que los exploten en el trabajo. Aunque no tengamos un estatus legal también tenemos derechos”, finalizó. EFE
ml/msc
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