Bogotá, 27 sep (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este miércoles la apertura del Caso 11, que investigará la violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión e identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano.
La Sala de Reconocimiento de la JEP, presidida por la magistrada Lily Rueda, definió tres subcasos: el primero sobre violencia basada en género contra civiles cometidas por miembros de la antigua guerrilla de las FARC, el segundo sobre violencia basada en género contra civiles cometidos por miembros de la fuerza pública, y el tercero se denomina violencia de género y por prejuicio al interior de la fuerza pública y las extintas FARC.
Las cifras de la JEP señalan que han sido registradas 35.178 víctimas de esos crímenes por parte de todos los actores armados, cometidos entre 1957 y 2016.
El 89,2 % de las víctimas son mujeres, y el 35 % sufrieron la violencia cuando eran niñas, niños y adolescentes, mientras que el mayor número de hechos se atribuye a grupos paramilitares (33 %), seguidos por las FARC (5,82 %) y agentes del Estado (3,14 %).
El caso tiene fundamentos por "la gravedad de los hechos, por la magnitud de la victimización que se vislumbra, por los múltiples factores de vulnerabilidad que recaen sobre las víctimas, por la representatividad que incluye el gran significado simbólico que tiene para un amplio sector de la sociedad la investigación de estas conductas y la posibilidad de que con ello se supere la brecha de impunidad que históricamente ha caído sobre ellas", detalló Rueda.
En la fase de concentración se concluyó que estas violencias tuvieron patrones distintos a los que están siendo abordados en otros macrocasos, y que, por tanto, ameritan una investigación particular.
Los victimarios se sirvieron del dominio que les dieron las armas y del ejercicio del poder armado para seleccionar a las víctimas y cometer los crímenes, aseguró la JEP.
Dada la magnitud del subregistro y los vacíos de información sobre los hechos a investigar, la Sala hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que amplíen sus informes y continúen acompañando a las víctimas que deseen participar en el proceso judicial.
En el subcaso 1 se investigarán dos patrones, el primero relacionado con crímenes motivados por la orientación sexual, identidad o expresión de género diversa de personas de la población civil. El crimen que registra mayor ocurrencia es el desplazamiento forzado (67 % de los relatos), seguido de violencia sexual (20 %).
La Sala identificó preliminarmente dos modalidades de estos crímenes, por una parte para castigar o "corregir" y por otra para eliminar o expulsar del territorio a las víctimas.
El segundo patrón investigará crímenes contra niñas, adolescentes y mujeres adultas de la población civil. Casi todos los relatos contienen crímenes de naturaleza sexual y están basados en concepciones de género bajo las cuales los cuerpos de las mujeres tienen un propósito de servicio hacia los hombres y deben estar disponibles para el acceso sexual.
Asimismo, se encontraron hechos en los que la violencia sexual fue usada como castigo contra mujeres que se rebelaron contra las órdenes de las FARC, contra mujeres buscadoras de desaparecidos o como represalia contra sus padres, compañeros o jefes, considerados enemigos.
En el subcaso 2, de violencia cometida por miembros de la Fuerza Pública, la JEP identificó que el 44 % de los relatos de violencia basada en género y violencia por prejuicio fue perpetrada por agentes del Estado en todo el país, los cuales tuvieron ocurrencia entre 1975 y 2016.
Según la Sala, en estos casos los perpetradores retuvieron arbitrariamente a niñas, mujeres adultas y jóvenes mientras transitaban por caminos o estaban en zonas urbanas y, una vez retenidas, las sometieron, agredieron y violaron, y las amenazaron de muerte en caso de que denunciaran la agresión ante otras autoridades.
En el subcaso 3 se investigará tanto a agentes del Estado como a exguerrilleros por crímenes dentro de sus propias filas. La JEP encontró "factores comunes" como la "existencia de órdenes de género dentro de las fuerzas, en las que la masculinidad es un estatus que se posee en las filas y que debe ser mantenido a través de demostraciones de violencia".
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