San José, 3 may. El Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) expresó este miércoles su preocupación por la caída de 15 puestos que experimentó el país en la clasificación anual sobre libertad de prensa de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
El Colper emitió este miércoles un pronunciamiento en el que manifiesta su "preocupación ante el descenso que presenta el país en el reporte mundial de Reporteros Sin Fronteras 2023, al pasar del lugar 8 en 2022 al puesto 23 en 2023".
La presidenta del Colper, Yanancy Noguera, destacó que recientemente se ha constituido en el país un grupo de organizaciones y actores que pretende la defensa activa de la libertad de prensa y expresión.
"En estos momentos debemos estar unidos y con un objetivo claro de generar las acciones para recuperar la posición de liderazgo que ha tenido nuestro país en la defensa y el fortalecimiento de una prensa libre que ejerza los pesos y contrapesos necesarios en una democracia como la nuestra", declaró Noguera.
El Colper instó a los poderes del Estado a "generar acciones para defender la labor de los comunicadores en el ejercicio profesional" y se puso a las órdenes para "construir juntos dichas propuestas".
Por su parte, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) lamentó que "por el indicador político Costa Rica ya no sea un ejemplo y ninguna nación de América esté entre las primeras 10 naciones del mundo en libertad de prensa".
"Nos unimos a instar a las autoridades de nuestro país a dejar de lado ataques que puedan ir en contra de la prensa, evitar la hostilidad que peligrosamente intenta silenciar la labor de las personas comunicadoras y en su lugar facilitar la labor que realizan los periodistas, en aras de la transparencia que solo le puede hacer bien a la sociedad costarricense", expresó el IPLEX.
El informe de Reporteros Sin Fronteras indica que "la libertad de prensa y la libertad de expresión son dos principios muy respetados en Costa Rica, lo que la convierte en una excepción en América Latina", pero señaló que "ciertos medios sufrieron ataques verbales en el último año, y el Ejecutivo restringió el acceso a la información pública".
"El Estado no acostumbra a interferir en el trabajo de la prensa. Sin embargo, a lo largo de 2022, el Gobierno profirió ataques verbales hacia determinados medios y periodistas, y ciertas instituciones se negaron a facilitar información de interés público a los medios", denuncia el informe.
RSF agrega que "a pesar de los intentos del Ejecutivo por estigmatizar a la prensa crítica, los periodistas no sufren amenazas contra su integridad física, ni vigilancia o encarcelaciones".
"El periodismo está protegido por la legislación del país, y la Sala Constitucional ha garantizado la protección de la confidencialidad de las fuentes y defendido la importancia de una prensa libre en una democracia", concluye. EFE
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