Londres, 6 dic. Empresas cárnicas europeas son responsables de violaciones contra los derechos humanos y el derecho a la tierra de las comunidades indígenas de Paraguay, alerta un informe de la organización británica Global Witness.
Los abusos incluyen "envenenamientos químicos letales, desalojos forzosos ilegales, ataques armados y criminalización", y se derivan de "las actividades de los agricultores paraguayos que cultivan soja para (las empresas) ADM, Cargill y Bunge", indicó Global Witness en un comunicado.
Esos productores agrícolas suministran grano para la alimentación animal en Europa, el mayor mercado para la soja de Paraguay, destaca la ONG ambientalista.
La harina de soja que Global Witness considera vinculada a esos abusos está presente en la carne de cerdo de Danish Crown -la mayor procesadora de carne de Europa- y en 2 Sisters, una de las firmas que maneja el volumen más alto de producción avícola en el Reino Unido, alerta la organización.
La comunidad de pequeños agricultores de Yeruti (este de Paraguay) ha sufrido "graves daños a causa de las fumigaciones ilegales de cultivos de soja en los alrededores de sus tierras", según describe el informe.
"Como resultado, el agricultor local Rubén Portillo Cáceres murió, otros 22 residentes de Yeruti fueron hospitalizados y la comunidad se desintegró", agrega Global Witness.
El documento advierte asimismo de fumigaciones de soja con productos químicos no registrados a pocos metros de la escuela de la comunidad indígena Ava Guaraní de Campo Agua, así como de vínculos entre las cadenas de suministro de carne europeas y cinco conflictos por los derechos de la tierra.
En uno de ellos, cientos de policías armados desalojaron por la fuerza a la comunidad indígena mbya guaraní de Hugua Po'i de sus tierras en 2021 y 2022, y "civiles armados dirigidos por los productores de soja destruyeron sus casas, sus cultivos y su templo".
Otros casos incluyen violentos ataques armados contra la comunidad indígena de Loma Piro'y, que dejaron a los residentes gravemente heridos, y repetidos desalojos de familias campesinas en la Sexta Línea de la Colonia Yvype, donde "los activistas campesinos sin tierra se enfrentan a la cárcel por desafiar la corrupción y defender sus derechos", según describe Global Witness. EFE
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