BUENOS AIRES (AP) — La defensa de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner solicitó el miércoles a un tribunal de segunda instancia que aparte a la jueza que investiga el intento de atentado del que fue víctima por considerar que la magistrada no ha querido seguir todas las líneas de investigación.
Los abogados de la también exmandataria (2007-2015) asistieron a una audiencia encabezada por el juez de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia para argumentar su pedido de recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti luego de que la propia magistrada lo desestimó días atrás en una instancia previa. El juez deberá evaluar ahora esta solicitud.
José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, abogados de la vicepresidenta, dijeron ante el camarista que Capuchetti mostró falta de iniciativa para ahondar en la pesquisa sobre quién estaría detrás del ataque, así como de objetividad.
La magistrada había rechazado previamente la posibilidad de ser apartada de la causa en un escrito -recogido por la agencia oficial de noticias Telam, entre otros medios- en el que sostuvo que “la presunta parcialidad alegada por la querella no vislumbra correlato alguno con los datos objetivos" recabados en su pesquisa.
“Se fueron llevando a cabo distintas diligencias, entre ellas 61 declaraciones testimoniales, 17 allanamientos, se libraron exhortos nacionales e internacionales, se ha solicitado colaboración a organismos de índole internacional”, sostuvo la jueza.
Según los letrados, una de las líneas de investigación que Capuchetti habría desatendido es la probable existencia de un esquema de financiamiento del intento de atentado ocurrido el 1 de septiembre, durante una congregación de simpatizantes de Fernández de Kirchner cerca de su domicilio en Buenos Aires.
Tres jóvenes -dos hombres y una mujer- están detenidos y procesados por el hecho.
Luego, tras salir de la audiencia judicial, Aldazabal recalcó a periodistas que existen líneas de investigación sobre las que la jueza pasa “horas o meses sin hacer nada” y luego "boicotea" o sobre las que “toma decisiones que hacen que la prueba se termine perdiendo”.
La vicepresidenta fue víctima de un fallido ataque luego de que un fiscal pidió para ella una condena de 12 años de cárcel por presunta corrupción durante su mandato.
La defensa de Fernández de Kirchner se ha quejado además de que Capuchetti no llamara a declarar al diputado opositor Gerardo Milman -secretario de Seguridad Interior durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019)- quien, según un testigo, habría sabido del intento de magnicidio antes de que ocurriera.
El legislador ha rechazado esa acusación, que consideró “una película de ficción”.
Los abogados sostienen que el ataque no fue perpetrado por un “grupo de locos" sino por personas que "responden a determinado tipo de intereses" y estarían conectados con “círculos de extrema derecha” vinculados al PR0, la fuerza opositora que tiene entre sus referentes a Macri.
También insisten en que es necesario unir la causa que investiga el frustrado atentado con la que encabeza otro juez que procesó a cuatro jóvenes miembros de la agrupación Revolución Federal por incitación a la violencia en sus protestas contra funcionarios y amenazas a la vicepresidenta.
Para Fernández de Kirchner, del ala centroizquierdista del peronismo, existe un nexo entre la derechista Revolución Federal, grupo creado hace pocos meses que a su entender recibiría financiación de círculos empresariales macristas, y el intento de atentado.
Uno de los detenidos por el ataque es el brasileño residente en Argentina Fernando Sabag Montiel, quien gatilló una pistola contra Fernández de Kirchner sin que la bala saliera. También está detenida su novia Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, líder de un negocio de venta de algodón de azúcar en el que los dos anteriores trabajaban como vendedores ambulantes.
La víspera Fernández de Kirchner solicitó en sus redes sociales que Carrizo, procesado como partícipe en el ataque, sea imputado como coautor junto a Sabag Montiel y Uliarte. La exmandataria afirmó que Carrizo dijo “recién intentamos matar a Cristina” en una conversación mantenida con sus contactos luego del intento de atentado y que esa frase surgió en una escucha ordenada por la justicia.
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