BANGKOK (AP) — Un tribunal de Myanmar, regido por una junta militar desde hace más de un año, impuso una pena de cárcel a un reportero japonés que grabó una protesta antigubernamental en julio, dijeron un diplomático de Japón y el gobierno de la nación del sudeste asiático el jueves.
Toru Kubota fue sentenciado el miércoles a siete años de prisión por violar la ley de transacciones electrónicas y a otros tres por incitación, señaló Tetsuo Kitada, director adjunto de misión de la embajada nipona. Las penas se cumplirán de forma simultánea.
En un comunicado enviado a la prensa, la oficina de información del Ejército explicó que Kubota fue condenado a siete años de cárcel en total, mientras continúa un juicio por una supuesta violación de la ley migratoria.
La ley de transacciones electrónicas cubre los delitos que implican la difusión de información falsa o provocadora en internet y acarrea penas de prisión de entre siete y 15 años. La de incitación es una norma política que cubre actividades que se cree que causan disturbios, y se ha empleado frecuentemente contra reporteros y disidentes, normalmente con sentencias de tres años de privación de libertad.
Kubota fue arrestado el 30 de julio por policías no uniformados en Yangón, la mayor ciudad del país, tras tomar fotos y videos de una pequeña protesta relámpago contra el golpe de Estado militar de 2021, que derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi.
Es el quinto reportero extranjero detenido en Myanmar desde el alzamiento militar. Nathan Maung y Danny Fenster, ambos estadounidenses y que trabajaban para publicaciones locales, y los periodistas independientes Robert Bociaga, de Polonia, y Yuki Kitazumi, de Japón, fueron deportados antes de cumplir la totalidad de las penas.
Desde el golpe de Estado militar en febrero del año pasado, las autoridades obligaron a al menos 12 medios de comunicación a cerrar y arrestaron a unos 142 reporteros, de los cuales 57 siguen detenidos. La mayoría de los que están retenidos están acusados de incitación, por supuestamente causar miedo, difundir noticias faltas o causar agitación contra empleados gubernamentales.
Algunos de los medios clausurados han seguido operando sin licencia, publicando en internet mientras su personal esquiva la detención. Otros informan desde el exilio.
El alzamiento militar desencadenó multitudinarias protestas públicas a las que tanto el Ejército como la policía respondieron con fuerza letal, lo que derivó en una resistencia armada y en una escalada de la violencia que llevó a lo que algunos expertos de Naciones Unidas califican de guerra civil.
De acuerdo con las detalladas listas de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, un grupo de monitoreo con sede en Tailandia, 2.336 civiles han muerto durante la represión de la junta militar contra la oposición y al menos 15.757 han sido arrestados.
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