SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Un panel más grande de la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito bloqueó nuevamente el lunes la prohibición de California a las prisiones y centros de detención migratoria privados con fines de lucro al determinar que el gobierno federal sobresee al estado.
Un panel de apelaciones integrado por tres jueces rechazó el año pasado la ley estatal de 2019 que habría eliminado gradualmente las cárceles privadas para inmigrantes en California para 2028, la primera medida de este tipo en Estados Unidos. La ley habría socavado una parte fundamental del sistema de detención de inmigrantes del país.
El procurador de California, Rob Bonta, había solicitado que el panel de apelaciones integrado por más jueces reconsiderara el fallo.
La ley promulgada por el gobernador Gavin Newsom fue uno de muchos intentos por limitar la cooperación de California con el gobierno federal, en un momento en que el entonces presidente Donald Trump imponía estrictas políticas migratorias. Pero el gobierno del actual mandatario Joe Biden continuó con el rechazo a la ley por motivos constitucionales.
El panel de apelaciones de 11 integrantes señaló que la ley estatal es sobreseída por el gobierno federal en virtud de la “cláusula de supremacía” de la Constitución. Envió el caso de regreso a un tribunal de primera instancia para una decisión sobre otros argumentos legales.
The Geo Group Inc., que opera dos instalaciones de este tipo en California, presentó una demanda para bloquear la ley. Ni la compañía ni el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) comentaron sobre el fallo.
“El proyecto de ley 32 evitaría que los contratistas del ICE continúen administrando centros de detención, obligando al ICE a transformar por completo su postura en cuanto a las detenciones en el estado o de lo contrario a abandonar sus instalaciones en California”, escribió la juez de circuito Jacqueline Nguyen por la mayoría de ocho integrantes del panel. “California no puede ejercer este nivel de control sobre las operaciones de detención del gobierno federal”.
Bonta redactó la ley cuando era miembro de la Asamblea del estado. Su oficina señaló que aún está revisando el fallo, pero está “sumamente decepcionado” con él. La ley “se promulgó para proteger la salud y el bienestar de los californianos y reconocía las preocupaciones documentadas por el propio gobierno federal en cuanto a las prisiones y centros de detención privados con fines de lucro”, indicó su oficina en un comunicado.
Dos de los ocho jueces coincidieron con Nguyen sólo en una parte del fallo de la mayoría.
Tres de los 11 miembros del panel discreparon con el fallo. La jueza presidenta Mary Murguia declaró que la ley es válida “porque ni regula directamente ni discrimina al gobierno federal”.
El presidente Barack Obama designó a Murguia y Nguyen al cargo.
La Dignity not Detention Coalition, un organismo activista que promovió la ley del California, emitió un comunicado en el que dijo que el apoyo del gobierno de Biden a la demanda es otro “indicador sombrío del descenso del gobierno hacia las políticas migratorias trumpianas”. Exhortó al gobierno y al Congreso a no sólo ponerle fin a los contratos, sino también a eliminar por completo el financiamiento a la detención de inmigrantes.
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