Helsinki, 19 sep. El Eduskunta (Parlamento finlandés) aprobó este lunes la llamada Ley de Seguridad del Paciente, una reforma legal impulsada por el Gobierno de centro-izquierda para garantizar la asistencia sanitaria esencial limitando el derecho a la huelga de los profesionales de la salud.
La nueva ley permitirá a las autoridades sanitarias regionales restringir los paros convocados en aquellos servicios sociales y de salud considerados esenciales, como los cuidados intensivos y la atención domiciliaria, y obligar a trabajar al personal que se estime necesario.
Esta ley fue tramitada con carácter de urgencia para hacer frente a varias huelgas convocadas a partir de este martes en las unidades de atención a domicilio y cuidados intensivos de varias ciudades del país, entre ellas Helsinki.
Las negociaciones para renovar el convenio colectivo entre los dos principales sindicatos del sector, Tehy y SuPer, y la organización patronal que representa a los municipios, responsables de gestionar la sanidad pública, llevan meses estancadas.
Las organizaciones sindicales exigen una serie de mejoras salariales y laborales que la patronal considera inasumibles, por lo que Tehy y SuPer han amenazado con movilizaciones masivas en la sanidad pública si no se atienden sus peticiones.
En concreto, los sindicatos exigen, entre otras mejoras, una subida salarial extraordinaria del 3,6 % anual durante los próximos cinco años, a la que habría que sumar el aumento anual recogido en los convenios en vigor, para mantener el poder adquisitivo de los sanitarios.
Según el sindicato SuPer, su reivindicación elevaría el sueldo básico medio de una enfermera de hospital en 492 euros, hasta los 3.308 euros brutos mensuales, y el del personal de atención a domicilio en 427 euros, hasta los 2.633 euros.
La semana pasada, un tribunal de Helsinki impidió que se llevara a cabo una huelga de enfermeras de cuidados intensivos en los distritos hospitalarios de Turku, Oulu y Kanta-Häme, al imponer una sanción de un millón de euros a cada sindicato por cada hospital que siguiese adelante con la huelga.
Las dos organizaciones obreras suspendieron la huelga y amenazaron con la dimisión masiva de sus enfermeras si se aprobaba esta ley, lo que podría colapsar el sistema público de salud en un sector muy afectado por la escasez de personal cualificado.
En opinión de los sindicatos, la nueva ley supone un recorte de su derecho fundamental a la huelga y no resuelve el problema de fondo: las pobres condiciones salariales y la sobrecarga de trabajo de los profesionales de la salud.
Por su parte, el Gobierno finlandés ha evitado intervenir en el conflicto alegando que las disputas laborales no son de su competencia, aunque justifica la reforma legal porque es necesario proteger la vida y la salud de los ciudadanos frente a posibles huelgas.
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