CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un juez de Guatemala ordenó investigar a un civil acusado de crímenes de guerra que estaba prófugo y fue detenido en Panamá hace unos días cuando huía de la justicia. El juez también ordenó que permanezca en prisión mientras la fiscalía investiga.
Toribio Acevedo Ramírez, un abogado de 68 años y exjefe de seguridad de la cementera Cementos Progreso, es acusado de los delitos de desaparición forzada, asesinato y contra los deberes de humanidad de decenas de personas cuando fungió como Jefe de Operaciones de Inteligencia Militar en los años ochenta.
El señalado es parte de la investigación denominada “Diario Militar”, que alude a un dossier encontrado en 1999 y que habría sido elaborado por agentes del Estado guatemalteco que documentaron capturas, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de 183 personas durante los años ochenta, en medio de la guerra civil. Según un testigo protegido, Acevedo Ramírez habría participado junto a otros oficiales del Estado, como policías y militares, de los crímenes de guerra.
Acevedo Ramírez fue detenido el 10 de mayo en el aeropuerto de Tocumen, Panamá. Una semana antes, el mismo juez, Miguel Ángel Gálvez, había ordenado a la fiscalía buscarlo y procesarlo por su vinculación con los delitos denunciados.
El acusado deberá permanecer en prisión mientras la fiscalía ahonda en las investigaciones. El juez también fijó un plazo de tres meses para las pesquisas.
El juez Gálvez, que conoce la causa, anteriormente ordenó que nueve policías y militares enfrenten juicio por la desaparición forzada de 14 personas, delitos contra deberes de humanidad de 21 personas y el asesinato de tres personas que aparecen en el “Diario Militar”.
En su petición, el juez reveló algunas de las torturas a las que habrían sido sometidas las víctimas, entre las que habían estudiantes universitarios, profesionales, sindicalistas, defensores de derechos humanos y hasta niños.
“Le arrancaban las uñas o la lengua. Hubo violaciones y electrocuciones en los genitales de las personas”, dijo entonces el juez Gálvez, que también reveló que para ocultar las torturas habrían subido a aviones a las víctimas para luego lanzarlas al mar, algunas de ellas aún con vida.
El juez ha denunciado ser víctima de acoso, seguimiento y amenazas de muerte a raíz de sus decisiones judiciales, lo que ha despertado alarmas en diversas organizaciones nacionales e internacionales que le han pedido al gobierno guatemalteco protegerlo. Él ya tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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