Varios estados del Caribe suspendieron su programa de otorgamiento de ciudadanía por de inversiones a ciudadanos rusos, bielorrusos y algunos ucranianos, dijeron a la AFP fuentes vinculadas al asunto.
Los programas de ciudadanía por inversión (CBI) permiten obtener un pasaporte a cambio de un boleto de ingreso de al menos 100.000 dólares estadounidenses, o inversiones de unos 200.000 dólares en programas de desarrollo inmobiliario.
Los críticos de los programas de ciudadanía por inversión denuncian la opacidad de sus mecanismos financieros.
En una carta dirigida a los agentes de Dominica encargados de reclutar inversionistas, el coordinador del programa, Emmanuel Nanthan, indicó el "efecto inmediato" de esta suspensión, tomada "a la luz del actual conflicto en Ucrania", pero también para mantener la "credibilidad" del programa.
En Santa Lucía, "nuestro sistema bancario ya no permite la transferencia de fondos desde Rusia", indicó el servicio CBI. "Por otro lado, procesaremos las solicitudes de transferencia de fondos de cuentas bancarias fuera de Rusia", indicó.
Charmaine Donovan, jefa del servicio equivalente en Antigua y Barbuda también anunció la suspensión de los trámites para los ciudadanos de estos países. "Se trata de ser consistente con la posición de política exterior de Antigua y Barbuda", escribió en una misiva a los agentes.
Las islas caribeñas independientes se encuentran entre los 141 estados de la ONU que condenaron la ofensiva rusa en Ucrania.
A principios de marzo hubo una reunión de Caricom (Comunidad del Caribe, que reúne a los jefes de estado independientes de la región) en Belice, que condenó por unanimidad "los ataques militares y la invasión de Ucrania" por Rusia.
Aunque no votaron sanciones comunes contra Rusia y sus intereses, dejaron a cada estado la posibilidad de tomar medidas unilateralmente, indicaron los representantes de Caricom durante una conferencia de prensa el 3 de marzo.
En 2020, el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, indicó que este programa de ciudadanía había aportado al país 1.200 millones de dólares caribeños (alrededor de 440 millones de dólares estadounidenses).
Agregó que esos fondos se utilizaron para "pagar la deuda" del Estado, pero también para construir viviendas resistentes a los desastres derivados del cambio climático.
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