El gobierno de Guatemala amplió este miércoles por un mes el estado de sitio impuesto en diciembre en dos poblados indígenas del oeste del país tras la masacre de 13 personas en el marco de un añejo conflicto limítrofe.
El estado de sitio, que restringe varios derechos constitucionales como los de protesta y portación de armas, se extendió debido a "que persisten las causas" que lo motivaron y a "la presencia de grupos armados", según una disposición publicada en el Diario de Centro América, la gaceta oficial.
"Para mantener el orden constitucional, la seguridad del Estado y recuperar la gobernabilidad del espacio territorial, se hace necesario prorrogar el estado de sitio" en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, del departamento de Sololá, precisa el documento.
El Congreso unicameral, controlado por el oficialismo y sus aliados, ratificó horas más tarde la ampliación con el voto favorable de 100 de los 160 diputados.
"En realidad es un estado de sitio más que ha fracasado porque (las autoridades) carecen de una estrategia integral para resolver el conflicto", dijo en la sesión el izquierdista Walter Félix, uno de los 28 congresistas que se opusieron a la medida; 32 estaban ausentes.
Ambos municipios mantienen un conflicto de más de 100 años por los límites entre ambos pueblos de la misma etnia maya, una disputa que ha generado varios episodios de violencia.
Una masacre ocurrida el 17 de diciembre en una comunidad de Nahualá dejó 13 muertos, entre ellos tres niños y un policía, cuando las víctimas de dirigían a recolectar maíz. Todas pertenecían a la comunidad de Santa Catarina Ixtahuacán.
Hasta ahora, tres personas han sido detenidas acusadas de perpetrar el múltiple crimen.
El 7 de enero, un contingente de más de 6.500 policías, soldados y fiscales que se disponía a realizar allanamientos y detenciones en el marco de la investigación de la matanza, fue atacado a tiros en una comunidad de Nahualá, con saldo de un uniformado muerto y una veintena de heridos.
El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, ofreció dos días después recompensas equivalentes a 6.250 dólares por información para capturar a cuatro indígenas acusados de participar en ambos incidentes.
El martes, Giammattei participó en una nueva reunión con líderes de los municipios enfrentados para establecer un plan que defina los límites de ambos poblados y mejorar la situación de las comunidades de la región, azotadas por la pobreza.
hma/yow
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