EEUU prepara acusaciones contra funcionarios salvadoreños por presunto pacto con pandillas: fuentes

Por Sarah Kinosian, Drazen Jorgic y Matt Spetalnick

SAN SALVADOR, 10 dic (Reuters) -Autoridades estadounidenses preparan cargos penales contra el viceministro de Justicia de El Salvador, Osiris Luna, y otro alto funcionario, acusándolos de negociar una tregua secreta con las pandillas, dijeron dos fuentes, en medio de crecientes tensiones entre Washington y el gobierno de Nayib Bukele.

Según las fuentes, las acusaciones están siendo elaboradas por un grupo de trabajo del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) contra Luna y Carlos Marroquín, un aliado cercano de Bukele que encabeza una agencia de bienestar social del gobierno salvadoreño.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el miércoles sanciones a Luna y Marroquín, señalándolos de cerrar un trato con las maras Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, por el que las pandillas reducirían la violencia y brindarían respaldo político a cambio de dinero y mejores condiciones carcelarias.

Bukele ha negado repetidamente que su gobierno haya negociado una tregua y ha denunciado las sanciones.

Las dos fuentes familiarizadas con el asunto informaron a Reuters que el DOJ estaba preparando cargos penales contra los dos funcionarios.

Luna, miembro del gabinete de Bukele que también está a cargo del sistema penitenciario de El Salvador, y Marroquín no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios. El Departamento de Justicia se negó a hablar.

La investigación está a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano (JTFV), una unidad del DOJ establecida en 2019 para coordinar los esfuerzos de las agencias de aplicación de la ley estadounidenses para desmantelar la MS-13, que ha logrado avances en ciudades y prisiones del país norteamericano, detallaron ambas fuentes.

Funcionarios estadounidenses señalan que las pandillas han ordenado asesinatos en suelo estadounidense desde el interior de las cárceles de El Salvador.

Washington reclama una autoridad amplia para enjuiciar por una extensa gama de delitos cometidos en el extranjero, incluidos los actos cometidos por o contra ciudadanos estadounidenses.

El grupo de trabajo ha acusado formalmente a varios líderes de la MS-13 por cargos de terrorismo en el Distrito Este de Nueva York.

El Salvador clasifica a la MS-13 como una organización terrorista y los fiscales estadounidenses han acusado a algunos de los líderes del grupo de actos de esa índole.

Si bien el cronograma no ha finalizado, se esperan las acusaciones en los próximos meses, agregaron las fuentes, que buscaron el anonimato ya que no están autorizadas a hablar públicamente sobre ellas. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) estuvo involucrada en las indagaciones, especificó una de las fuentes.

El FBI no respondió a solicitudes de comentarios.

Las dos fuentes indicaron que los cargos exactos no han sido concretados. La segunda fuente explicó que probablemente se centrarán en prácticas corruptas y en asociación con grupos responsables de crímenes violentos.

Sobre la base de las medidas anunciadas el miércoles por el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado impuso el jueves un nuevo conjunto de castigos a Luna y Marroquín por "malversación de fondos públicos".

Es probable que las sanciones y las acusaciones que se están redactando tensen aún más las relaciones entre Bukele y Washington, donde el líder salvadoreño es visto como una figura cada vez más autoritaria.

El jueves Bukele calificó las acusaciones de "absurdas". "Está claro que el gobierno de Estados Unidos no acepta colaboración, amistad o alianza", manifestó Bukele, exalcalde de la capital, San Salvador. "Es sometimiento absoluto, o nada".

CONTROL URBANO

Las autoridades estadounidenses también descubrieron que la pandilla MS-13 había ordenado matar a un agente del FBI cuando interceptaron un pequeño trozo de papel conocido como "wila", que las pandillas usan para transmitir mensajes codificados a sus miembros fuera de las prisiones. El agente huyó de El Salvador con su familia, según la primera fuente.

Los sucesivos presidentes salvadoreños han lidiado con la forma de reducir el control de la MS-13 y Barrio 18 sobre las áreas urbanas, donde la violencia y la extorsión han provocado oleadas de emigración a Estados Unidos.

Bukele fue un crítico acérrimo de un acuerdo clandestino de 2012 entre el gobierno de la época y los líderes de las pandillas que colapsó dos años después, lo que provocó un fuerte aumento en la tasa nacional de homicidios y condujo al arresto de varios funcionarios gubernamentales.

Los rumores de un nuevo acuerdo se extendieron después de que la tasa de asesinatos cayera un 50% en el año posterior a que Bukele asumiera el cargo en junio de 2019.

Los homicidios se redujeron a 17 asesinatos por cada 100,000 personas en 2021, frente a 51 en 2018, según la Policía Nacional, una caída que el mandatario ha atribuido a sus políticas.

En septiembre de 2020, el periódico El Faro, citando documentos internos de su administración, informó que Luna y Marroquín ofrecieron mejores condiciones carcelarias a los pandilleros a cambio de menores tasas de homicidio y apoyo electoral para el partido de Bukele.

(Reporte de Sarah Kinosian en San Salvador, Drazen Jorgic en Ciudad de México y Matt Spetalnick en Washington; reporte adicional de Nelson Renteria en San Salvador; Editado por Daniel Flynn y Rosalba O'Brien; Traducido por Raúl Cortés Fernández)