Tribunal rechaza imputación a excomandante Ejército colombiano por ejecuciones extrajudiciales: Fiscalía

BOGOTÁ, 31 ago (Reuters) - Un tribunal de Colombia rechazó una imputación de cargos que pretendía hacer la Fiscalía General a un comandante en retiro del Ejército por su presunta responsabilidad en 104 ejecuciones extrajudiciales, debido a que el caso ya está en otra jurisdicción, informó el martes el organismo acusador.

La acusación que pretendía hacer la Fiscalía contra el general retirado Mario Montoya se relaciona con supuestas ejecuciones a manos del Ejército entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008.

La Fiscalía anunció a comienzos de agosto haber evidenciado que las ejecuciones extrajudiciales continuaron y que Montoya, de 72 años, incentivó una política de premios por resultados operacionales a oficiales, suboficiales y soldados, por lo que le imputaría cargos por homicidio agravado.

Montoya se acogió en 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal que surgió de un acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC firmado en 2016.

Para el Tribunal Superior de Bogotá, la intención de la Fiscalía de imputar cargos a Montoya es "improcedente" porque no coincide con decisiones previas de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.

"El magistrado que ejerció las funciones de control de garantías (...) estimó que si bien la Fiscalía General de la Nación puede y debe realizar la investigación sobre hechos como los actuales, la formulación de imputación es privativa de la JEP", dijo la Fiscalía en un comunicado.

CASO CORRESPONDE A LA JEP

Según el tribunal, las sentencias previas y un acto legislativo establecieron que los hechos cometidos con anterioridad al 1 de diciembre 2016 corresponden a la jurisdicción especial y, por lo tanto, la es JEP la encargada de investigar y juzgar a Montoya.

El oficial en retiro, quien está en libertad y fue comandante del Ejército entre 2006 y 2008, negó en el pasado los delitos por los que es acusado.

La JEP reveló recientemente que al menos 6.402 personas fueron asesinadas por efectivos militares y presentadas falsamente como rebeldes entre 2002 y 2008, durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe. Pero grupos de derechos humanos aseguran que la cifra de víctimas podría ser mayor.

Decenas de oficiales del Ejército detenidos y condenados por su participación en los asesinatos han comparecido ante la JEP en busca de penas más leves que las que les corresponderían en el sistema de justicia ordinario a cambio de verdad, justicia, reparación y no repetición.

La JEP es parte del acuerdo de paz firmado con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a un largo conflicto armado interno que ha dejado más de 260.000 muertos y que permitió la desmovilización de unos 13.000 miembros del grupo rebelde.

Aunque en la justicia ordinaria Montoya podría ser condenado hasta a 50 años de prisión, bajo la JEP recibiría una sanción de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelarios.

(Reporte de Luis Jaime Acosta y Nelson Bocanegra. Editado por Rodrigo Charme y Javier Leira)