La justicia francesa condenó este miércoles definitivamente al vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodorín Obiang, por haberse hecho con un patrimonio fraudulento, después que el Tribunal de Casación rechazara su recurso.
El hijo del presidente Teodoro Obiang fue declarado culpable por primera vez en 2017. En febrero de 2020 fue condenado en apelación a tres años de cárcel con suspensión de pena, una multa de 30 millones de euros (35,4 millones de dólares alcambio actual) y la confiscación de todos los bienes requisados durante la investigación.
"Es una inmensa victoria, una decisión histórica que pone punto final a 14 años de proceso", dijo a la AFP Sara Brimbeuf, responsable de Transparencia Internacional y parte civil en el caso.
Para el presidente de la rama local de esta oenegé, Patrick Lefas, "con esta decisión, la justicia francesa confirma que Francia ya no es una tierra de acogida para el dinero desviado por altos dirigentes extranjeros y su entorno".
Es la primera vez que un dirigente extranjero es condenado en Francia en un caso de bienes ilícitos. Las investigaciones sobre dirigentes africanos comenzó en 2010, en base a las demandas de Transparencia Internacional y Sherpa.
Los casos sobre las familias Bongo en Gabón y Sassou Nguesso en Congo-Brazzaville siguen abiertos. Otros mandatarios extranjeros también son objeto de investigaciones similares iniciadas posteriormente.
La justicia estimó en 150 millones de euros (177 millones de dólares) la suma blanqueada en Francia por Teodorín Obiang, de 53 años.
El hijo del presidente ecuatoguineano disponía de un parque de vehículos valorado en 5,7 millones de euros (6,7 millones de dólares), con tres Bugatti, un Rolls-Royce y dos Maserati, entre otros.
Entre los bienes confiscados figura también un lujoso inmueble en uno de los barrios más de moda de París, valorado en 107 millones de euros (126,3 millones de dólares) con cine, baños árabes y decoraciones de mármol y oro.
Guinea Ecuatorial se convirtió así en el primer país en beneficiarse de un nuevo mecanismo de restitución para devolver a la población los bienes obtenidos ilícitamente por sus dirigentes.
Este dispositivo, adoptado por el Parlamento francés el 20 de julio, permite retornar a la población los "ingresos procedentes de bienes confiscados a personas condenadas por blanqueo, encubrimiento, etc." en vez de destinarlos al presupuesto del Estado francés.
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