El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió este miércoles suspender la participación de Nicaragua en el bloque regional por lo que consideró una "arremetida sin precedentes" del gobierno de Daniel Ortega contra sus opositores.
En una carta divulgada en su cuenta en Twitter, Almagro consideró que en Nicaragua se produjo una "alteración del orden constitucional" según estipula la Carta Democrática Interamericana, el instrumento regional de defensa de la institucionalidad.
Además, recordó que Nicaragua incumplió la resolución de la última Asamblea General de la OEA, en octubre pasado, por la cual se fijó mayo de este año como plazo para la implementación de reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes en el país centroamericano.
Por esto, Almagro solicitó al Consejo Permanente, que reúne a los 34 miembros activos de la OEA, realizar una reunión de urgencia para "considerarse la activación de los mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana".
El Artículo 21 establece que un país puede ser suspendido de la OEA si dos tercios de los estados miembros deciden que se ha producido la "ruptura del orden democrático" y "las gestiones diplomáticas han sido infructuosas".
La suspensión, que debe ser votada en una Asamblea General, órgano máximo de la OEA, entraría en vigor de inmediato. Pero la Carta establece que el país suspendido debe seguir cumpliendo sus obligaciones "en particular en materia de derechos humanos", y que la OEA seguirá realizando gestiones diplomáticas para restaurar la democracia.
En su misiva al presidente del Consejo Permanente, Almagro dijo que el gobierno de Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo "se ha embarcado en los últimos días en una arremetida sin precedentes contra líderes opositores, precandidatos a cargos de elección pública, líderes sociales y empresariales, encarcelándolos sin ninguna garantía de sus derechos ni procesos judiciales".
Almagro dijo que esto se suma a la "previa existencia de presos políticos" en Nicaragua, así como a "la continua violación de los derechos humanos y de las libertades civiles y políticas", "la reciente aprobación de leyes que restringen aún más los derechos políticos", y "la concentración del poder absoluto en el Poder Ejecutivo".
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