Guatemala: Porras, la jueza a la que le temen los políticos

CIUDAD GUATEMALA (AP) — Gloria Porras es una mujer de voz suave y menuda, pero de convicciones fuertes. La magistrada constitucional electa es considerada por muchos uno de los últimos bastiones de la justicia independiente en Guatemala.

Porras fue elegida por la única universidad pública del país para renovar su lugar en la Corte de Constitucionalidad, pero la Junta Directiva y la alianza oficialista en el Congreso se han negado a tomarle juramento, lo que generó un reclamo incluso del gobierno estadounidense.

“Los ataques devienen de mi postura contra la corrupción, de mis fallos a favor de los grupos vulnerables del país, especialmente los indígenas”, dijo Porras a The Associated Press desde Washington, Estados Unidos, donde realiza una visita. “Tan grande ha sido el acoso contra mí que así mismo de grande es mi voluntad de seguir” impartiendo justicia, agregó.

Porras lleva 10 años ejerciendo como magistrada de la Corte de Constitucionalidad, el más alto tribunal guatemalteco y donde se resuelven definitivamente los procesos electorales y penales. Los fallos de este tribunal no son apelables.

Para muchos la justicia guatemalteca ha sido cooptada por grupos de poder, especialmente tras la desaparición en 2019 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, un órgano promovido por las Naciones Unidas que apoyó el desmantelamiento de algunas de las principales redes de corrupción e impunidad en el país.

Porras ha desempeñado su trabajo bajo amenazas y ataques y enfrenta 70 solicitudes de retiro de inmunidad para que la fiscalía la investigue por los fallos que ha emitido.

La magistrada electa fue invitada hace una semana por la Junta Directiva del Congreso a una ceremonia solemne donde sería juramentada. Pero en el momento del acto se negaron a hacerlo con el argumento de que había recursos legales en su contra pendientes de resolución.

“Entiendo que el fondo sea que no quieren que siga ejerciendo, pero la forma en que se comportaron conmigo fue de mínimo respeto y consideración”, explicó la magistrada.

De poco sirvieron los llamados de atención del gobierno estadounidense y en especial de Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, quien dijo que su país estaba profundamente preocupado por la maniobra para retrasar la juramentación de Porras.

“Esto socava el compromiso de Guatemala con un Poder Judicial independiente y con el abordaje de la corrupción sistémica”, publicó Chung en su cuenta de Twitter hace una semana.

Para la activista Helen Mack, una justicia independiente beneficiará a la población y cambiará las condiciones en las que viven miles de guatemaltecos que emigran del país por la desigualdad y la pobreza que generan la corrupción.

Tras no ser juramentada Porras entregó el cargo y los bienes de la Corte -como manda la ley- y aceptó una invitación del Colegio de Abogados de Estados Unidos para hablar sobre la justicia y el Estado de Derecho en Guatemala. Ese mismo día salió del país, temiendo ser acusada o incluso detenida tras haberse quedado sin inmunidad.

Pero Porras aseguró que volverá a Guatemala alrededor de mediados de mayo.

“Voy a regresar. No tengo ninguna relación laboral ni nada que me impida ni limite mi derecho a la locomoción dentro y fuera de mi país”, dijo. “Soy una persona de firmes convicciones y de mucha responsabilidad, estoy honrada de que me hayan designado nuevamente”.

La visita de Porras también incluye reuniones con funcionarios del gobierno estadounidense y una revisión de las medidas de seguridad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado guatemalteco ante el temor por su integridad y seguridad.

En uno de los últimos ataques contra Porras la Corte Suprema de Justicia pidió que se le retire la inmunidad por haber firmado un fallo que favoreció al embajador de Suecia, a quien el expresidente Jimmy Morales quiso expulsar del país por apoyar a la CICIG.

“Las decisiones se toman en un fallo y no pueden ser objeto de criminalización”, dijo Porras.

La magistrada también fue denunciada por fallar a favor del jefe de la CICIG, Iván Velásquez, cuando Morales decidió en 2018 prohibir su entrada a Guatemala.

Porras también votó a favor de detener en el Congreso la propuesta de reformar la llamada ley de reconciliación nacional que buscaba una amnistía para los acusados de delitos de lesa humanidad y una norma que excluye a la fiscalía de los procesos judiciales y permite que el juez y el acusado negocien los cargos.