MANAGUA (AP) — Luego de 35 años de trabajar en proyectos sociales en Nicaragua, la organización no gubernamental sueca We Effect anunció su retiro “urgente” del país, a causa de la entrada en vigor de la polémica Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con la cual el gobierno de Daniel Ortega busca controlar el financiamiento externo a personas naturales y jurídicas.
“Desafortunamente, no vemos otra opción que terminar nuestro trabajo en Nicaragua. Es con la mayor tristeza que tomamos esta decisión”, señaló la secretaria general de We Effect, Anna Tibblin, en un comunicado publicado en la página web de la ONG.
Tibblin destacó que la organización europea trabajó en el país desde 1985 (época del primer gobierno sandinista de Ortega) “y quisiera seguir apoyando a las y los campesinos de Nicaragua en su lucha contra el hambre y la pobreza”.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros —aprobada por el Parlamento bajo control del gobernante Frente Sandinista— entró en vigencia el 19 de octubre y comenzará a aplicarse a partir del 19 de diciembre, según lo dispuesto por las autoridades.
La polémica legislación obliga a todas las personas, empresas y ONG que reciben fondos del exterior a inscribirse como “agentes extranjeros” y dar cuentas al Estado del uso de esos recursos. Las sanciones por incumplimiento de la ley van desde multas hasta cárcel y confiscación de bienes.
“We Effect ha analizado la legislación y no ve que haya ninguna forma viable de evitar (la inscripción) y al registrarse sería imposible para la organización realizar un trabajo pertinente de cooperación para el desarrollo en el país”, indicó Tibblin.
Agregó que la sede de la ONG en Estocolmo encargó a la Oficina Regional “que elabore urgentemente un plan de salida del país”.
El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), proscrito por Ortega hace dos años, lamentó el retiro de We Effect de Nicaragua.
“Esto confirma la criminalización de la solidaridad, nos encontramos en un callejón sin salida”, dijo a The Associated Press Marlin Sierra, directora del Cenidh, clausurado el 13 de diciembre de 2018 junto con una decena de ONG a las que el gobierno acusó de apoyar las protestas sociales que estallaron en abril de ese año.
Según Sierra, el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, no sólo pretende controlar los recursos financieros de organismos y personas, “sino liquidar totalmente en la práctica a todas aquellas organizaciones que aportan a la construcción de ciudadanía y velan porque se garanticen los derechos humanos en Nicaragua”.
“Ellos buscan monopolizar la ayuda externa y utilizarla para su clientelismo político, quieren someter al pueblo al hambre y la miseria para perpetuarse en el poder”, aseveró.
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