CIDH se compromete a trabajar con ONG en abusos clericales

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se comprometió el jueves a trabajar con las organizaciones que defienden a las víctimas de la pederastia clerical para garantizar que los Estados americanos protejan mejor los derechos de la infancia y que los abusos sexuales contra menores no queden impunes.

“Tienen nuestro compromiso más firme y absoluto de que estamos en esta causa”, dijo Flávia Piovesan, vicepresidenta de la Comisión durante una audiencia pública retransmitida en las redes de la CIDH.

La relatora de los derechos de los menores, Esmeralda Arosemena, agregó que la Comisión usaría las herramientas a su disposición "para pedir información en el tema de impunidad de los casos que no están siendo resueltos".

El sistema interamericano abordaba por primera vez en su historia un problema que afecta a 19 países de la región.

Según un informe de fines de 2019 de la Red Internacional por los Derechos de los Niños (CRIN, por sus siglas en inglés), sólo cuatro países latinoamericanos suman más de un millar de denuncias en la región: México, con al menos 550; Chile, con 243, Colombia con 137 y Argentina con 129.

Ese documento alertaba sobre países donde el problema continuaba “sin existir” de forma oficial, con lo que las asociaciones de víctimas aseguran que los casos conocidos son sólo la punta del iceberg.

Los proponentes, representados entre otros por Adalberto Méndez, coordinador legal de la organización para el Fin de los Abusos Clericales (ECA, por sus siglas en inglés) presentaron una serie de casos de varios países de la región con el fin de evidenciar la responsabilidad de los Estados americanos en el encubrimiento de esos crímenes, en la falta de acceso a la justicia de las victimas y en su fracaso a la hora de protegerlas.

La CIDH, que había eludido tratar el tema con anterioridad, mostró su solidaridad hacia las víctimas y los defensores o periodistas que habían denunciado los abusos y por ello eran perseguidos u hostigados y pidió información de varios de los casos expuestos durante la audiencia.

Especialmente emotiva fue la intervención de Arosemena tras escuchar a Sergio Salinas, abogado del llamado “caso Próvolo” sobre una serie de abusos y violaciones cometidos en el instituto católico Antonio Próvolo para niños sordos en Argentina.

"Cuando hablamos de niños con discapacidad y que las autoridades no hayan actuado para una respuesta en la protección de tantos niños... debo decir... no tengo palabras para condenar esa situación” , dijo la relatora casi entre lágrimas.

En ese caso ha habido varios sentenciados pero más de 200 víctimas deben todavía prestar declaración como parte de una investigación en la que se habla de “abusos sexuales en manada, pornografía, la provocación a orgías y hasta la existencia de torturas con el uso de cadenas”, indicó Salinas.

Argentina fue uno de los ejemplos que se presentaron en la audiencia junto con México, Ecuador, Colombia y Perú, estados que ECA considera encubridores y que violaron derechos humanos como la seguridad jurídica, el debido proceso, la libertad de prensa o el acceso a la información.

“Los Estados (latinoamericanos) han tenido una postura omitente, de no control a la Iglesia aunque los chicos eran abusados dentro de instituciones”, denunció Salinas.

Los miembros de la comisión apoyaron las peticiones de los representantes de la sociedad civil para que el delito de abusos a menores no prescriba en ningún país del continente y subrayaron la importancia tanto de tomar acciones para garantizar la libertad de expresión de quienes denuncian los casos de pederastia como para impulsar medidas de educación sexual en todos los estados.

En la actualidad, los abusos sexuales a menores sólo son imprescriptibles en dos países latinoamericanos: Chile y Ecuador.

En 2014 la ONU cuestionó en dos ocasiones al Vaticano por no haber frenado oportunamente los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes. Desde entonces, el papa Francisco ha prometido en varias ocasiones una política de tolerancia cero hacia los abusos clericales y ha propiciado investigaciones puntuales y reformas que en 2019 acabaron con el secreto pontificio y actualmente instan a los obispos a denunciar los casos ante la justicia civil.

Sin embargo, las leyes siguen siendo ignoradas por algunos miembros de la Iglesia que desestiman las denuncias de las víctimas y optan por proteger a sus sacerdotes. Los casos que sí se judicializan se centran en los victimarios pero no en sus cómplices o encubridores, que son los destinatarios del actual movimiento ante la CIDH.

“La respuesta ha sido excelente”, dijo a AP el abogado Méndez tras la audiencia. “La CIDH reconoció el universo de derechos humanos vulnerados, como consecuencia del encubrimiento de la pederastia clerical por parte de los Estados".

Las organizaciones de víctimas confían en que esta audiencia pueda abrir la puerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aquellas víctimas que hayan agotado todas las vías posibles de justicia en sus países, que provoque una nueva oleada de denuncias o que pueda incentivar la creación de comisiones nacionales de investigación como la que ya se intentó poner en marcha en México pero que fue paralizada en el poder legislativo.

Para Ana Lucía Salazar, una presentadora de televisión que denunció haber sido violada por un legionario de Cristo cuando era niña y acudía a una escuela de esta congregación, la audiencia del jueves abre una brecha de esperanza para que casos como el de ella, que ha prescrito según las leyes mexicanas, pueda ser llevado ante la Corte Interamericana. “Me parecería un posicionamiento importante para empezar a castigar este delito como es debido", dijo.