MIAMI (AP) — El impacto de la pandemia de coronavirus en la economía de Latinoamérica será mayor de lo que se esperaba, y la recuperación más lenta de lo que se pensaba: recién en 2025 podrían alcanzarse los niveles de actividad regionales que existían en 2019, antes del brote viral, dijo el martes la Comisión Económica para América Latina y El Caribe.
La crisis “va a durar más de lo que se pensaba y va a haber efectos en el crecimiento, en el desempleo, la desigualdad y la pobreza que van a ser más largos de lo esperado”, expresó la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en una conferencia de prensa virtual desde la sede de la organización, en Chile.
“Retomar los niveles de actividad económica previos a la crisis va a tomar varios años y será más lento que la crisis (financiera) subprime” de 2007 y 2008, aseguró.
Bárcena formuló sus declaraciones al presentar el estudio económico 2020 “Políticas macroeconómicas activas para la recuperación y transformación económica y social”, focalizado en la situación creada por el nuevo coronavirus, las perspectivas y algunas recomendaciones para los países.
La pandemia llegó a Latinoamérica en momentos que la región ya estaba sumergida en problemas económicos y se habían reducido las perspectivas de crecimiento. Pero el COVID-19 agravó el panorama y provocó la peor crisis económica regional de los últimos 100 años.
La recesión se instaló en el primer trimestre del año, con una contracción del 1,5% de la actividad. CEPAL prevé que la caída del Producto Bruto Interno sea del 9,1% al finalizar 2020, lo que equivaldría a un retroceso de una década. Las cifras finales, sin embargo, serán revisadas y es posible que sean aún mayores.
Sudamérica sería la más afectada, con una contracción del PBI equivalente al 9,4%, en Centroamérica y México la caída sería del 8,4%, y del 7,9% en El Caribe —excluyendo Guyana.
En comparación, se prevé que la caída de la actividad económica sea del 6,5% en Estados Unidos, y del 8,7% en Europa. China, en cambio, tendría un crecimiento del 1%.
El Banco Mundial proyectó en junio que la economía de Latinoamérica se contraerá un 7,2% en 2020, pero dijo que había “razones positivas de un rebote en 2021" y pronosticó una recuperación del 2,8% en la región para el año próximo.
CEPAL estima que a raíz de la pandemia, 2,7 millones de empresas cerrarán en América Latina en 2020, y el desempleo ascenderá a 44 millones de personas, 18 millones más que en 2019.
Además, la informalidad de la economía ha alcanzado al 54% de la población, o más de 159 millones de personas; y se prevé que la pobreza retrocederá a niveles de 2005, o de hace 15 años, afectando a unos 231 millones de personas. La pobreza extrema, en tanto, llegaría a 96 millones de personas, un nivel equivalente al de 1990, un retroceso de 30 años.
Se trata de una crisis sin precedentes.
La economía regional se contrajo un 2% durante la crisis financiera de 2007-2008 y se recuperó en 2009.
Ahora, sin embargo, aún si la región creciera a la tasa promedio del 1,8% de la última década, recién en 2025 se estarían alcanzando los niveles del PBI del 2019, según las previsiones de la CEPAL.
Si la tasa de crecimiento se duplica al 3%, los niveles del 2019 podrían alcanzarse en el 2023, y si el crecimiento fuera como el promedio del último sexenio, es decir de un 0,4%, no se alcanzaría niveles de crecimiento similares al 2019 en una década, dijo Bárcena.
“No es momento para hacer austeridad”, dijo Bárcena refiriéndose a los desafíos que tienen por delante los gobiernos de la región. “Serán necesarias políticas macroeconómicas activas para retomar el crecimiento".
Entre las recomendaciones de CEPAL figuran el fortalecimiento de la recaudación tributaria —que actualmente es del 23,1% del PBI en promedio en comparación con el 34,3% de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos— y la reducción de la evasión fiscal, que asciende al 6,1% del PBI.
La cooperación internacional y la reducción de la deuda y los intereses que enfrentan los países son claves, dijo Bárcena, al tiempo en que explicó que el gasto público debe estar dirigido a inversiones en sectores que fomenten el empleo, la inclusión social y la transformación productiva.
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