Un navajo será ejecutado el miércoles por las autoridades federales de Estados Unidos por un doble homicidio cometido hace casi 20 años, una sentencia que la nación amerindia denuncia como un desacato contra su soberanía jurídica.
Salvo que obtenga la gracia en las escasas horas que restan para cumplir la condena, Lezmond Mitchell, de 38 años, será el cuarto condenado a morir por inyección letal desde la reanudación en julio de las ejecuciones federales, interrumpidas desde 2003.
La mayor parte de los crímenes cometidos en Estados Unidos son procesados por la justicia de los estados, algunos de los cuales aplican la pena capital, pero los tribunales federales pueden intervenir en los casos más graves.
Keith Nelson, de 45 años, también condenado a muerte por una corte federal, será ejecutado el viernes por el secuestro, violación y asesinato de una niña de 10 años en 1999.
Lezmond Mitchell, único amerindio en el corredor de la muerte federal, será ultimado a las 16H00 locales (20H00 GMT) en la prisión de Terre Haute, Indiana.
En 2001, durante un robo de auto junto a un cómplice, Mitchell mató a puñaladas a una abuela de 63 años y luego degolló a su nieta de 9. Después aplastó el cráneo de la niña con piedras y enterró las cabezas y manos de ambas víctimas.
Como el crimen tuvo lugar en territorio Navajo, Arizona, y las víctimas eran miembros de la tribu, la justicia federal debió haber obtenido la aprobación de la Nación Navajo para solicitar la pena de muerte, afirman funcionarios comunitarios en base a una ley de 1994 que otorga soberanía judicial a las tribus amerindias.
- Piden cadena perpetua -
Pero los navajo -que se niegan a aplicar la pena de muerte a los amerindios- y la familia de las víctimas habían pedido que Mitchell fuera condenado a cadena perpetua.
No obstante, el gobierno aprovechó una brecha jurídica al condenar a Mitchell por "robo de auto seguido de muerte", un crimen capital fuera del alcance de la mencionada ley, reprochan.
"Si se concreta esta ejecución, se sentará un precedente para que el gobierno federal, independientemente de la posición soberana de una tribu, puede matar a los indígenas", criticó el funcionario local Carl Roessel Slater.
Jonathan Nez, presidente de la Nación Navajo, la reserva de nativos más grande de Estados Unidos, pidió al presidente Donald Trump que conmute la sentencia de Mitchell por cadena perpetua "por respeto a las creencias religiosas y tradicionales" de la tribu.
El secretario de Justicia, Bill Barr, había anunciado el año pasado la reanudación de las ejecuciones federales, en respuesta a la voluntad de Trump, candidato a la reelección en los comicios del 3 de noviembre y quien aboga por una aplicación más amplia de la pena de muerte, en particular para los asesinos de policías o niños y narcotraficantes.
El apoyo a la pena capital se ha erosionado entre la población estadounidense, pero sigue siendo fuerte entre los electores republicanos.
En julio, tres asesinos de niños fueron ejecutados por la justicia federal.
Antes de esas ejecuciones, solo tres personas habían sido ejecutadas a nivel federal desde que se restauró la pena capital en 1988, entre ellos Timothy McVeigh, responsable del atentado de Oklahoma City de 1995, que dejó 168 muertos.
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