La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el lunes que los miembros del Colegio Electoral, encargados de designar al presidente estadounidense en el sistema de elección indirecta, no tienen libertad de acción con respecto del voto popular.
El fallo unánime de los nueve jueces del máximo tribunal estadounidense permite a los estados destituir y penalizar a esos electores que se pronuncien en contra de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, una decisión clave cuando faltan cuatro meses para los comicios en que el presidente Donald Trump buscará la reelección frente a su probable rival demócrata Joe Biden.
En Estados Unidos, el presidente y el vicespresidente son elegidos indirectamente por los ciudadanos. La decisión la toman los electores de un Colegio Electoral compuesto por 538 miembros, que en general han votado a favor de la fórmula que obtiene la mayoría de los votos en cada estado.
Históricamente, los llamados "electores infieles" han sido raros. En las elecciones presidenciales entre 1796 y 2016, solo 180 electores votaron en contra del voto popular, de acuerdo con un documento presentado en la corte.
Los defensores de la posibilidad de que haya "electores infieles" argumentaron que, dado que la Constitución no menciona el tema, no se debe permitir a los estados multar o cambiar a los electores que se aparten del voto ciudadano.
Pero los magistrados de la Corte Suprema concluyeron que los estados pueden asegurar que sus electores no reviertan "el voto de millones de sus ciudadanos".
"Esa directiva concuerda con la Constitución y con la certeza de una nación de que es 'Nosotros, el pueblo' el que manda", señalaron los jueces, invocando el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos.
En 2016, cinco de los 538 votantes se negaron a votar por la demócrata Hillary Clinton a pesar de que ella había ganado la mayoría de los votos en sus estados, y dos se apartaron del republicano Trump.
Algunos fueron penalizados por los estados de Colorado y Washington y dos impugnaron su sanción (una multa de 1.000 dólares para uno, el retiro del cargo de elector para el otro), en nombre de su "libertad de voto".
Los tribunales estaban divididos sobre la cuestión, pero la Corte Suprema decidió sin ambigüedad: "el texto de la Constitución y la historia de nuestra nación autorizan a un Estado a obligar a sus grandes votantes a respetar al candidato del partido y la elección de los votantes para la presidencia".
Incluso si los "electores infieles" nunca tuvieron un impacto directo en el resultado de una elección, varios jueces manifestaron el riesgo de "caos" si se rechazaba el voto popular.
Quince estados ya tienen leyes que permiten penalizar a "electores infieles", incluida su remoción inmediata y reemplazo por un suplente cuyo voto el estado informa luego en su lugar. Unos pocos estados imponen multas monetarias a los electores que no cumplen con el compromiso de honrar el voto popular.
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