Corte Interamericana de DDHH tratará caso de abusos durante dictadura en Uruguay

Un caso de abusos del Estado contra ciudadanos ocurrido durante la dictadura cívico militar en Uruguay (1973-1985) fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), informó el jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente de la OEA.

El expediente, enviado el 24 de mayo a la CorteIDH con sede en San José (Costa Rica), trata de la responsabilidad del Estado uruguayo por las ejecuciones extrajudiciales de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, y las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Oscar Tassino.

La Comisión dijo que que tomó la decisión porque a pesar de las recomendaciones de investigación, reparación y no repetición ya señaladas al Estado uruguayo, estos hechos "continúan en la impunidad".

"La CIDH sometió el caso a la Corte por las acciones y omisiones estatales ocurridas o que continuaron ocurriendo con posterioridad al 19 de abril de 1985, fecha de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana por parte del Estado de Uruguay", señaló.

Como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH recibe, investiga y tramita denuncias, que presenta a la CorteIDH cuando establece que hay responsabilidad del Estado y las violaciones a los derechos humanos no fueron subsanadas. La CorteIDH es un organismo jurisdiccional autónomo cuyos fallos son definitivos e inapelables.

Según la investigación, Maidanik, Reyes y Raggio fueron asesinadas por ráfagas de balas en la madrugada del 21 de abril de 1974 durante un operativo de las Fuerzas Armadas y la policía.

González, militante del Partido Comunista y Revolucionario del Uruguay, fue detenido en su casa la madrugada del 13 de diciembre de 1974 por soldados armados con metralletas, y llevado a un cuartel del Ejército, donde fue visto por última vez el 24 de diciembre de ese año con signos de tortura.

Tassino, dirigente sindical y militante del Partido Comunista del Uruguay, fue arrestado el 19 de julio de 1977 por tres personas armadas identificadas como integrantes de las Fuerzas Conjuntas. Un día después fue visto con signos de tortura en un centro clandestino de reclusión y desde entonces su paradero se desconoce.

La CIDH consideró que el Estado uruguayo debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986 durante la transición democrática y que evitó juicios por violaciones de derechos humanos, "no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos del caso".

En marzo de 2012 el Estado uruguayo asumió en un acto formal la responsabilidad por los crímenes cometidos durante la dictadura, en cumplimiento del fallo de la CorteIDH en la sentencia del caso por la desaparición de la nieta del poeta argentino Juan Gelman.

ad/lp

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