Una nueva ley peruana que exime de responsabilidad penal a policías y militares que patrullan las calles por el confinamiento por el coronavirus "abre espacios de impunidad", advirtió este miércoles la oficina sudamericana de ONU para Derechos Humanos.
"Perú debe revisar su nueva ley para la protección de la policía nacional, por cuanto abre espacios para la impunidad", dijo el representante en América del Sur de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, en un comunicado.
Perú eximió el sábado de responsabilidad penal a los militares y policías que hieran o maten gente en "legítima defensa" mientras patrullan las calles para hacer cumplir la cuarentena nacional obligatoria que rige desde el 16 de marzo y hasta el 12 de abril. En el país hay hasta ahora 1.065 casos de coronavirus, con 30 muertos.
"Hacemos un llamado urgente al Congreso del Perú, así como a todas las autoridades competentes, a revisar y revertir los efectos de esta nueva ley, pues en varios aspectos contraviene las normas y estándares internacionales de derechos humanos", dijo Jarab.
"Es un retroceso preocupante en la normativa que venía desarrollando Perú en materia de uso de la fuerza", agregó Jarab en el comunicado enviado a la AFP en Lima.
Perú está bajo aislamiento domiciliario obligatorio y toque de queda nocturno, pero más de 33.000 personas han sido detenidas por infringir la prohibición de salir a las calles, aunque han sido liberadas poco después.
El lunes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "seria preocupación" por la nueva norma en Perú y destacó que "las leyes nacionales no deben contemplar excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar responsables de violaciones de derechos humanos, en particular cuando perpetradores son agentes del Estado".
En Perú miembros de las fuerzas de seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad y otros graves delitos contra civiles inocentes en sus operaciones contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, entre 1980 y 2000. Hay unos 1.000 militares peruanos procesados por estos abusos.
La semana pasada se difundió un video de un capitán del ejército que abofeteaba a un muchacho que infringió el toque de queda en la ciudad norteña de Piura. El oficial fue sancionado por la institución.
En tanto en Puno, a orillas del lago Titicaca, un empleado público fue detenido tras atropellar deliberadamente con su camioneta a un soldado que le había ordenado detenerse, quien falleció mientras era trasladado a un hospital.
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