Belén: un fallo que pretende ser aleccionador

La Justicia tucumana, designada por el poder político provincial, ha sumado un antecedente más a su larga trayectoria de jurisprudencia misógina.

Hace dos años, Belén llegó con dolores abdominales al Hospital provincial de Clínicas Presidente Dr. Nicolás Avellaneda, de San Miguel de Tucumán. Un médico le dijo que estaba embarazada de 20 semanas y que estaba teniendo un aborto. Belén, que entonces tenía 25 años, explicó que no sabía que estaba embarazada. Desde ese momento permanece detenida. A mediados de abril pasado fue condenada a 8 años de prisión. La carátula de "aborto" fue modificada a "homicidio agravado por el vínculo" para poder proceder a un atropello mayor.

Cuando le practicaron el legrado, el personal médico del hospital público permitió que en la sala estuvieran los policías —que incluso la inspeccionaron— a la espera de que pudiera caminar para llevársela detenida. Violaron su derecho a la privacidad y a la confidencialidad entre paciente y médico. El personal del hospital atacó su integridad física, al acosarla con un feto en una caja que pretendían era su hijo, aunque no existiera prueba de ADN que lo validara, ni acta policial que registrara los actos que se le imputan, tal como denuncia la abogada actual de Belén, que tomó la causa luego de la condena.

La actitud del cuerpo médico y de los enfermeros del Hospital Avellaneda responde a una orientación gubernamental e institucional y de ninguna manera puede ser tomada de manera aislada. El actual gobernador de Tucumán, Juan Luis Manzur (Frente para la Victoria), es conocido por su filiación religiosa al Opus Dei. Como ministro de Salud de la Nación, durante el Gobierno de Cristina Kirchner, se negó a darle rango ministerial a la guía para la interrupción legal del embarazo. En 2013, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito había denunciado que en Tucumán los efectores y los funcionarios públicos, la cartera de salud provincial y quien en ese momento era la directora de maternidad, la doctora Rossana Chahla (actual ministra de Salud de la provincia), impidieron que una adolescente accediera a la interrupción legal de su embarazo, producto de una violación.

En momentos de creciente violencia sobre la mujer, el fallo que condena a Belén tiene la finalidad de acallar la voz de las mujeres. De culparnos por las consecuencias que generan las políticas de Gobiernos ajustadores sobre las mujeres de las clases más desposeídas, como puede ser un aborto espontáneo. De intimidar para que no accedamos a derechos elementales como la salud.

En vísperas del 3 de junio, todas las expresiones de solidaridad y de repudio a esta condena deben recorrer el país, tanto en las calles como en el Congreso y las legislaturas, hasta lograr la efectiva excarcelación, la anulación del fallo y el acceso a todos los derechos negados a Belén y a todas las mujeres trabajadoras. Esa es la campaña que impulsa la Organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero-Frente de Izquierda. Este viernes 13 estoy viajando a Tucumán a visitar a Belén, llevar nuestro apoyo y acompañar a su abogada.

Diputada nacional del Partido Obrero-Frente de Izquierda por la provincia de Mendoza