Las interpretaciones son libres. Y el reciente informe de un organismo de Naciones Unidas sobre el derrame de cianuro en la mina Veladero, en San Juan, no fue la excepción. Tanto la prensa como el Gobierno local hicieron las más variadas lecturas. Lo cierto es que el reporte confirmó que hubo daño ambiental en las zonas más próximas al yacimiento, pero que no afectó a las poblaciones cercanas y que la vida acuática se está recuperando. No obstante, los asambleístas denunciaron que las pruebas fueron hechas por un laboratorio que trabaja para Barrick Gold.
El informe fue realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Lo curioso es que son organismos que en 2014 firmaron un acuerdo con el Gobierno de San Juan por 2.147.346 dólares para fiscalizar la actividad minera. Es decir, que los autores del reporte sobre el derrame son los mismos que estaban encargados de controlar lo que pasaba en Veladero. O sea que no sólo tenían una relación directa con el Ejecutivo sanjuanino, que está siendo investigado por la Justicia Federal, sino que podrían tener algún tipo de responsabilidad en el derrame. Aún así, el trabajo tuvo amplia repercusión local, en general con una mirada positiva.
El trabajo fue elaborado a partir de 165 muestras, que se tomaron a lo largo de 200 kilómetros aguas abajo del derrame, y con las que se hicieron 9.500 análisis. Para estudiar los resultados, se dividió la región en cinco zonas. En las dos primeras, que son las más cercanas a Veladero, se halló que hubo contaminación; en el resto, que no fueron afectadas. Es más o menos lo mismo que reconoció Barrick Gold en el expediente judicial que tramita en San Juan.
Pero la nota la dio la Asamblea Jáchal No Se Toca, que advirtió los estrechos vínculos entre Barrick Gold y ALS CORPLAB, la empresa elegida por la UNOPS para analizar las muestras. Se trata de un laboratorio contratado por la minera en otros proyectos y que se sospecha que tiene a ex o actuales funcionarios de la empresa canadiense entre sus directivos. Incluso encontraron que hay empleados en común.
Pero también protestaron porque "los análisis que se realizan mes a mes por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) constatan otro tipo de datos" que los que arrojaron los análisis de ALS CORPLAB para la UNOPS.
¿Qué dice el informe?
La Zona 0 es la que va desde el punto de río Potrerillos en el que se produjo el derrame de millones de litros de solución cianurada hasta la desembocadura en el río Las Taguas. La UNOPS concluyó que "presenta impactos sobre el agua superficial, el agua subterránea, los suelos de las vegas del cauce periódico del río y la vida acuática en agua dulce (comunidades de fitoplancton, zooplancton, fitobentos y macroinvertebrados bentónicos)".
"En las muestras de agua superficial del río Potrerillos se han determinado valores anómalos de cianuro total, que se encuentran por encima de los niveles guía para preservación de la vida acuática en agua dulce, pero se mantienen por debajo del valor guía de agua para bebida humana. Asimismo, se han presentado valores anómalos de metales", agregó. Y mencionó la presencia de "aluminio, arsénico, bario, boro, cobre, cromo, hierro, manganeso, mercurio, plata, plomo y cinc". Además, atestiguó que en la zona hay "una importante fuente de contaminación difusa".
La UNOPS también halló en las muestras de agua subterránea "anomalías en los valores de cianuros en las capas superiores del acuífero libre" lo que indica "cierto impacto del acuífero libre por infiltración del agua superficial". No obstante, no encontró "un impacto significativo por metales atribuible al incidente".
Además, en los depósitos recientes de sedimentos sobre los suelos de la vega en el cauce del río Potrerillos se encontró la presencia anómala de cianuro total y tiocianato, y de los metales arsénico, cinc, plomo y mercurio.
Por último, detectó un "impacto sobre la vida acuática" por el aporte de sedimento, pero el reporte aclaró que la zona está en un proceso evidente de recuperación", porque hay "signos de stress y recuperación de las comunidades de fitoplancton, zooplancton, fitobentos y macroinvertebrados bentónicos".
En la Zona 1, que va desde el río Las Taguas hasta aguas arriba de su confluencia con el río Turbio, la UNOPS no encontró cianuro ni compuestos derivados del mismo en las aguas superficiales y subterráneas, ni en los sedimentos. En cambio, halló "la presencia de aluminio disuelto, cobre disuelto, hierro total y disuelto, manganeso disuelto, plomo total y disuelto y cinc disuelto", entre otros metales pesados, aunque "en concentraciones inferiores a las advertidas en la Zona 0".
A su vez, el reporte subrayó que "los sedimentos presentan concentraciones de aluminio, antimonio, berilio, boro, cromo, molibdeno y plomo, entre otros", también en menor cantidad que en la Zona 0.
En las otras tres zonas, no se toparon con valores altos de cianuro o metales pesados atribuibles al derrame. En todo caso, la UNOPS concluyó que provienen de otros factores, en principio naturales, ya que se trata de una zona en la que hay gran cantidad de metales pesados. Esto incluye al agua que consumen en las localidades de Iglesia y Jáchal.
Desde la asamblea de vecinos recordaron los resultados que arrojaron las mediciones de la UNCuyo, que contradicen a la UNOPS. La primera evaluación se conoció poco después del derrame y encontró, por ejemplo, que en el río La Palca había 1,4 mg/l de manganeso, lo que representa un 1.400% más de lo permitido y lejos del 0,25 mg/l de promedio histórico. También detectó 70 mg/l de aluminio en la zona, lo que supera la media de 4 mg/l y el máximo autorizado de 5 mg/l.
Además, la UNCuyo halló en el pueblo de Mogna niveles de boro, arsénico, cloruros y sulfatos muy por encima de los topes establecidos en la Ley de Residuos Peligrosos. Luego realizó otros estudios ordenados por la Justicia que arribaron a resultados en la misma línea.
Ese informe despertó grandes críticas del ex gobernador José Luis Gioja, que acusó a los profesionales de "sembrar el terrorismo" y "cagar" a la Provincia. Y amenazó con enjuiciar a los que hicieron una interpretación del estudio distinta a la suya.
En general el argumento pro-minero reza que los niveles de metales pesados hallados aguas abajo de Veladero no contradicen las "líneas de base", que son las mediciones hechas por la propia Barrick Gold antes de instalarse. Sin embargo, según explicó el experto Robert Moran que visitó la mina en calidad de perito, esos análisis no sirven porque no tienen parámetros, ni fechas, ni nada. Simplemente muestran valores máximos y mínimos, que no sabe en qué condiciones fueron tomados.
Lavado de cara
El momento elegido para la divulgación del informe de la UNOPS no fue casual: una semana antes de que se conozcan los resultados de los estudios realizados por una comisión técnica encargados por el juez federal Sebastián Casanello y el mismo día en que el gobierno nacional se apresuró a anunciar una serie de inversiones. De la presentación participó el Ejecutivo provincial, que interpretó, en pocas palabras, que no había pasado nada.
En efecto, el gobierno nacional lanzó una cruzada para lavar la imagen de la megaminería después del vertido del cianuro y hasta hay cierta intención de algunos dirigentes de despegarse de Barrick Gold.
En esa dirección van los anuncios de inversiones en el sector por 20 mil millones de dólares, que se materializarían recién entre 2018 y 2021, y que no se pueden garantizar porque varios proyectos dependen de la anulación de leyes provinciales anticianuro y porque las inversiones también dependen de los vaivenes del mercado internacional.
A su vez, el gobierno de Cambiemos anunció la creación de 20 mil puestos de trabajo, el doble de lo que en su momento prometieron en Bajo La Alumbrera, en Catamarca, que hoy tiene unos 800 empleados, muy lejos del compromiso inicial.