A menos de 24 horas de que Uber haya comenzado a funcionar, la Justicia frenó la continuidad del servicio. Así lo resolvió el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 15, al hacer lugar a una medida cautelar que presentó el Sindicato de Peones de Taxis de la ciudad de Buenos Aires, que resisten el desembarco de la firma.
El sistema, que permite gestionar un viaje a través de una aplicación a un costo menor del que suelen ofrecer los taxis, se implementó en la tarde de ayer y consiguió un inmediato interés de los usuarios. Pero apenas se puso en funciones, la polémica que hasta entonces se manejaba en el terreno de las hipótesis generó reparos concretos.
Los taxistas de la Ciudad se manifestaron en masa. Pasadas las 16, y con inocultable coordinación, interrumpieron puntos neurálgicos para el tránsito en la Ciudad. Y en paralelo buscaron suspender a la "competencia" mediante recursos judiciales.
En tanto, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ratificó su postura contraria: advirtió que habría multas y que los autos de Uber serían acarreados. Y adelantó que podría haber una presentación judicial por incumplimientos tributarios. La empresa, por su parte, aseguró que operaba de manera legal y por lo tanto no correspondían las sanciones.
El fallo, que lleva la firma de Víctor Tronfetti, ordenó suspender la actividad de Uber hasta tanto no exista una sentencia definitiva en el litigio. El juez pidió a la Agencia Gubernamental de Control que informe sin la empresa solicitó la habilitación, y a otras dependencias de la administración porteña que reporten si requirió actuar como transporte de pasajeros. Las respuestas deben ser enviadas en un plazo no mayor de cinco días.
Consultados por Infobae, desde Uber dijeron que siguen operando "con normalidad", y que aún no recibieron llamados de las autoridades del gobierno porteño sobre la cautelar.
La resolución responde a una
(S.P.T.), junto con las autoridades de la
. La medida demanda al gobierno de la Ciudad y al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte específicamente "por su omisión manifiestamente ilegítima y arbitraria de ejercer regularmente su poder de policía y evitar la prestación de un servicio irregular de transporte a través del funcionamiento de la empresa UBER, quien pretende eximirse de las obligaciones previstas en el Código de Tránsito y Transporte".
Los amparistas denunciaron una "grave lesión en el derecho a trabajar" y a "la igualdad de las cargas públicas" de todos los trabajadores que integran el Sindicato de Peones de Taxis, así como de los propietarios de las licencias de taxi afiliados a las Cámaras Empresarias, y "coloca arbitraria e ilegítimamente a los conductores asociados a la empresa UBER y a la empresa misma en mejores condiciones que el resto de los trabajadores".
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