Ante el inminente alejamiento del gobierno del PMDB, el mayor partido de Brasil, la situación de Dilma Rousseff es impredecible. Contar con su apoyo constituyó una clave de la gobernabilidad de todos los presidentes del país desde el retorno de la democracia: consta con una vasta red de gobernadores y es la agrupación con más legisladores en el Congreso.
Sin embargo, la situación es incierta. La Cámara de Diputados votará sobre el juicio político para destituir a la mandataria con una fragmentación partidaria récord, según indicó el diario Folha do Sao Paulo. Hay muchos bloques con relativamente pocos legisladores. Ninguno resalta demasiado. En consecuencia, sea cual sea el resultado del proceso, la gobernabilidad se verá dificultada.
El Gobierno, que tiene asegurados hasta el momento 97 votos, requerirá de 172 para frenar el juicio político. El núcleo duro opositor, por su parte, tiene asegurados 111 sufragios para destituir a Rousseff, pero necesita 342. En una Cámara con 513 escaños, hay 305 en esa "ancha avenida del medio" que decidirá el rumbo de la cabeza del Ejecutivo brasileño.
En ese caso, Rousseff sería apartada automáticamente de su cargo por un plazo máximo de 180 días. Y su destitución definitiva ocurriría si el Senado la votase al cabo de todo el proceso, esta vez por mayoría de dos tercios (54 senadores), tras lo cual no podría ser elegida durante ocho años.
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Mientras se desarrolla este proceso, la jefa de Estado ya analiza qué hacer con los siete ministerios que controla el PMDB, que decidirá el martes si deja definitvamente el Gobierno. El PT, convencido de que lo hará, ya analiza cómo distribuir los cargos entre sus aliados.
Pero también con otros partidos que forman parte de su gobierno pero que están debatiendo internamente sobre la posibilidad de romper y apoyar el impeachment: el PP, a cargo de Integración Nacional; el PR, de Transporte; el PSD, de Ciudades; el PRB, de Deporte; el PTB, de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior; y PROS.
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