Fue rápido, casi instantáneo. La secretaria de Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, recogió el guante de la última novedad en materia judicial de la causa Hotesur y se presentó como querellante. "Estábamos esperando esta decisión", dijo a Infobae.
¿Qué decisión? La sala I de la Cámara de Casación se negó a acceder al pedido de la diputada Margarita Stolbizer –denunciante del caso- para que sea aceptada como querellante, pero en la misma resolución hizo un guiño para que, en cambio, el Gobierno tome sus cartas.
Los jueces Mariano Borinsky, Ana María Figueroa y Gustavo Hornos apuntaron que tanto la Oficina Anticorrupción (OA) como la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central (BCRA) están habilitados para participar del caso. "Tales órganos receptan de manera amplia la obligación internacional de erradicación de la impunidad cuando se trata de investigaciones sobre delitos de corrupción", explicaron.
"Es una causa que nos importa porque ha tenido involucrada a la más alta autoridad del país y cumple con los requisitos que tiene la Oficina Anticorrupción para definir su participación", indicó la funcionaria, quien se negó a anticipar qué acciones evalúan para el caso, ya que figura le permite requerir medidas de prueba, declaración de testigos y tener acceso al expediente.
La investigación apunta a supuestas maniobras de lavado de dinero vinculadas a las empresas hoteleras de los Kirchner. Esta semana, la causa quedó radicada de manera definitiva en la Justicia porteña cuando vencieron los plazos para que los abogados de los acusados, uno de ellos de Lázaro Báez, pidan la intervención a la Corte Suprema para conseguir que sea tramitada en Santa Cruz.
De esa manera, la OA sumará más papeles como querellante: ya comenzó a hacerlo en el caso Ciccone, que está en manos del juez Ariel Lijo y tiene a Amado Boudou entre los acusados. También las que sindican al ex vicepresidente por la deuda en Formosa y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y estudian hacerlo en otras causas, que Alonso prefirió no adelantar. Según supo este medio, entre ellas estaría la iniciada contra la designación de Ricardo Echegaray en la Auditoría General de la Nación.
En las últimas horas, la diputada Elisa Carrió presentó un escrito ante la OA para pedir que se investigue al ex titular de la AFIP y a su entorno. "A lo largo de las distintas designaciones del actual presidente de la Auditoría General de la Nación, específicamente en la Aduana, la ONCCA y la AFIP, Echegaray acudió a los mismos colaboradores, parientes y allegados de la política. Sus nombres se repiten", señaló Carrió. Por esa razón, la legisladora pidió que se evalúen también las declaraciones juradas de Guillermo Michel, secretario ejecutivo de Presidencia; Silvana Patricia Quinteros, secretaria de Actuaciones Colegiadas; Roberto Javier Ceferino Propato, secretario Legal Institucional; Julián María Coronel, jefe de Gabinete de Presidencia; y Ricardo José Marino, subgerente de Transferencias.
El organismo ahora hizo lugar al pedido y abrió una carpeta para evaluar el eventual enriquecimiento ilícito.
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