Propietarios de medios privados y periodistas venezolanos han denunciado que el régimen chavista, instalado en el poder desde febrero de 1999, hostiga a los profesionales de la prensa al limitar –según ellos– la asignación de divisas para importar papel, plantear procedimientos penales y administrativos por supuesta difamación o fustigar públicamente a comunicadores.
"Hoy se está concretando un vil zarpazo contra uno de los más sagrados derechos del ser humano: el derecho a estar informado. Ha llegado el impensable día en que El Carabobeño pone fin a sus ediciones impresas", se lee en la primera página del rotativo, con letras blancas sobre un fondo negro.
En el editorial, se explica que "se agotaron las gestiones en procura de la asignación de divisas –monopolizadas por el gobierno venezolano– para pagar deudas por insumos (papel) adquiridos en el exterior".
Carolina González, jefa de redacción del periódico, le contó a una radio local: "Hubo ofertas y presiones, y se nos pidió suavizar la línea editorial. Pero decidimos mantenernos firmes (...), porque estamos al servicio de la gente y no al servicio de un gobierno".
La periodista añadió que durante el último año el diario, con sede en Valencia –ciudad industrial de la región centro-norte de Venezuela–, insistió en enviar solicitudes para la compra de bobinas sin respuesta por parte de las autoridades.
González añadió que los problemas para conseguir las bobinas comenzaron en 2013, cuando el gobierno del presidente Nicolás Maduro creó la Corporación Editorial Alfredo Maneiro, un instituto que rige la importación de papel para prensa.
En febrero de 2015, El Carabobeño, que había sido un rotativo estándar desde su fundación en 1933, se vio obligado a cambiar su formato a tabloide y reducir su número de páginas.
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