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El fiscal de Estado de Jujuy Mariano Miranda, que oficia como querellante en varias de las denuncias contra Milagro Sala, reiteró su respaldo a los fallos judiciales que mantienen tras las rejas a la referente territorial y rechazó que se trate de un presa política, como argumenta partidos de la oposición y organismos de derechos humanos.


El letrado planteó que la dirigente social cuenta con "todas las garantías de la Constitución Nacional" y recordó que la Justicia resolvió la detención en sus últimas resoluciones ante la posibilidad de que "podría entorpecer el normal funcionamiento judicial" en la investigación por los delitos de las que se imputan.


"Como hombre de derecho, en virtud de los antecedentes penales y causas en las que está imputada Milagro Sala, entiendo que la decisión del juez de la causa está fundada y es razonable al derecho vigente", sostuvo Miranda en diálogo con Luis Novaresio, por radio La Red.


Milagro Sala está detenida por asociación ilícita, fraude y extorsión, entre otros cargos. Entre las acusaciones, figuran denuncias por el desvío de fondos públicos millonarios destinados para la construcción de vivienda y ayuda social.


La polémica sobre la legalidad y legitimidad de la detención de la líder de la Tupac Amaru surgió porque el arresto inicial se produjo en medio de un acampe de 40 días contra el gobierno de Jujuy, que encabeza el radical Gerardo Morales.


En un principio, Sala había sido imputada por "tumulto" e "instigación a la violencia" por el acampe, lo que fue interpretado por agrupaciones políticas opositoras al macrismo como una forma de criminalización de la protesta social. La misma opinión expresaron organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, Abuelas de Plaza de Mayo, o Amnistía Internacional.


Por esa causa, Sala estuvo detenida cerca de dos semanas hasta que el juez Gastón Mercau dejó sin efecto el arresto por esa imputación. Sin embargo, decidió que continúe tras las rejas en el marco de la causa que la investiga por la "irregular administración de fondos destinados a construcción de viviendas". Más tarde se le fueron sumando otras denuncias.


Miranda afirmó que, si bien la ley establece que quienes son investigados deben estar en libertad hasta que haya una condena firme, "hay excepciones a esa regla" y el juez consideró que Sala si recuperara la libertad podría entorpecer el desenvolvimiento de la causa.


"El principio constitucional de la presunción de inocencia no ha sido alterado ni violado", aclaró.