Que los presos que trabajan cobran un salario no es una novedad. Pero tradicionalmente esos pagos no eran percibidos por el detenido sino depositados en un fondo de reserva para facilitar la reinserción del preso, una vez cumplida su condena.
Pero en los últimos años, de la mano con un avance de doctrinas abolicionistas, eso fue modificado y los presos empezaron a recibir su sueldo en cuentas que podían administrar sus familiares como apoderados.
Además, en diciembre de 2014, un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal estableció que una persona detenida que trabaja tiene los mismos derechos que la Ley de Contrato de Trabajo establece para los trabajadores en libertad.
De este modo, por ejemplo, los detenidos con trabajo fueron beneficiados con el aumento del salario mínimo de julio pasado, con lo que pasaron a ganar más que un jubilado. Ese incremento del básico alcanzó a 75% de los 10.441 presos alojados en los cerca de treinta establecimientos carcelarios que dependen del Servicio Penitenciario Federal.
No sólo eso: se generaron situaciones absurdas como la de un preso que, al ser traslado de un penal a otro, "perdió" su empleo y entonces solicitó a través de su abogado una indemnización por considerarse "despedido".
El argumento de la Sala II de Casación, que integran entre otros Angela Ledesma y Alejandro Slokar, conocidos por su ultra garantismo, es que el único derecho cercenado a un condenado es el de la libertad ambulatoria. Todos los demás le deben ser garantizados.
En cuanto al régimen laboral en las cárceles, una ley de 1996 establecía que un 25% del sueldo debía ser destinado al Servicio Penitenciario para solventar en parte los gastos del detenido.
Pero ese artículo de la ley fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en 2011, invocando el artículo 18 de la Carta Magna –de derechos y garantías- y tratados internacionales con jerarquía constitucional que el país ha firmado.
Como todo exceso, estos pronunciamientos de la justicia generaron una reacción equivalente en contrario. Y es así que una petición en Change.org para que se suprima el sueldo a los presos ya fue firmada por más de 43.500 personas. El pedido está dirigido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sin embargo, el salario de los detenidos es un tema de la órbita del Ministerio de Justicia.
"Tenemos que acabar con esta injusticia, los presos deben pagar por sus crímenes, no el Estado pagarles un sueldo", dice la nota.
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