Escuchas telefónicas: cómo es la central de espionaje por dentro

Hay orquídeas rosas en una de las terrazas del edificio de la ex OJOTA sobre Avenida de los Incas al 3800, dos grandes racimos en un cantero. Son un gesto de coquetería impensado: su dueño original fue un antiguo jefe de la ex SIDE. Las dejó ahí, luego de que el Gobierno decapitase a la vieja Secretaría de Inteligencia a fines del año pasado de cara al creciente enfrentamiento de su cúpula con la Casa Rosada, para así conformar la nueva AFI, a cargo de Oscar Parrilli.

La Dirección de Observaciones Judiciales, OJOTA en la jerga judicial, el edificio de siete pisos en Avenida de los Incas, era y es el lugar donde se realizan las escuchas telefónicas, las intervenciones que son clave en secuestros extorsivos y en la investigación de cualquier delito. El lugar, por otra parte, era un limbo entre lo legal y lo ilícito, la cuna de supuestas escuchas ilegales que alimentaban operaciones negras contra los enemigos del Gobierno o de la ex SIDE misma.

Era el terreno del ex espía Antonio "Jaime" Stiuso, hoy buscado por la Justicia en el expediente que investiga el atentado a la AMIA, el mismo en el que colaboró con el fallecido fiscal Alberto Nisman. Hoy, Stiuso ya no está; en Tribunales, la sola idea de ubicarlo en algún lugar del planeta genera carcajadas. Y las orquídeas quedaron, tras el fin de una era: la OJOTA, este 7 de junio último, cambió de nombre y de amo.

Llamada en el presente DICOM, Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones, está bajo la esfera del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Alejandra Gils Carbó. La fiscal Cristina Caamaño es la nueva jefa: asumió el cargo hace casi 80 días. Sentada en su escritorio en diálogo con Infobae, Caamaño habla de logros. Por ejemplo, consiguió bajar el tiempo de conexión en secuestros extorsivos de una hora y quince minutos a solo veinte minutos de recibida. La DICOM, en sus múltiples pisos y áreas, cuenta con 27 locutorios, computadoras con un software especial que pueden intervenir cien líneas telefónicas a la vez.

El 44% de los delitos que se investigan están relacionados a narcotráfico, y el 95% de las pinchaduras son a celulares

Por sus computadoras pasan de diez a quince secuestros extorsivos mensuales, Caamaño firma entre 400 y 500 oficios diarios. El 44% de los delitos que investiga, de acuerdo a datos propios, son relacionados a narcotráfico. El 95% de las pinchaduras son a celulares. Pero con lo primero que se encontró Caamaño al llegar fue con el pasado.

"Me encontré con un lugar estratificado. Una persona no sabía lo que hacía la otra. Todos tenían la mentalidad de Inteligencia: si alguien entraba a una oficina, otro bajaba la ventana de la computadora para que no viese lo que estaba haciendo. Todavía quedan 150 servicios de Inteligencia; todos tienen doble nombre. Por la ley de Inteligencia, por la cual siguen regidos, no pudimos ver sus legajos. Están en comisión por la AFI. No podíamos quedarnos sin gente. Tienen un promedio de 10, 15 años de antigüedad. Los que eran más jefes los mandamos a la AFI, se fueron. Los que quedaron son trabajadores. Hasta el chofer se rige por la ley de Inteligencia", asegura la fiscal. Un cambio de guardia sin tensiones era una idea un poco inocente. Se buscaron micrófonos en el edificio, dispositivos de contraespionaje. Fuentes oficiales aseguran que no se halló nada.

Caamaño tuvo que implementar medidas para agilizar el proceso de escuchas: la carga de información para llegar a una pinchadura, luego de la transmisión del pedido judicial por fax y computadora, se hacía en dos pasos distintos, "carga" y "precarga". Ocurrían en dos pisos del edificio, virtualmente inconexos entre sí. El proceso se unificó para perder menos tiempo. Ya no quedaron viejos jerarcas, por otra parte. Todo el personal de rango fue transferido a la AFI. Hay 200 trabajadores en total en el edificio, con personal del Ministerio Público. Y nadie pasa sin autorización.

Los dispositivos de identificación vía huella digital se repiten entre cada puerta, así como los accesos con tarjeta magnética. Hay un punto central, casi neurálgico: la sala de escuchas directas, donde ocurren las intervenciones de líneas a secuestros, con un policía designado judicialmente del otro lado de la línea, al cual se lo provee de una clave. Son usualmente miembros de las fuerzas de seguridad los que realizan las escuchas en vivo, con presencia de personal de la Procuración. "Si se escucha algo sospechoso, se avisa al fiscal inmediatamente", asegura Caamaño. En la sala, policías de civil miran a monitores, hay mate y bizcochos. También hay viejas caseteras bajo cada máquina que cumplen un propósito: reforzar los identificadores de llamada. La actual DICOM no es la única unidad a nivel nacional. Caamaño asegura: "Hay otros 24 locutorios a nivel nacional en diferentes provincias, que graban contenido pero no hacen escuchas directas. Esto les está prohibido, cometerían un delito si lo hicieran".

Los pasillos en la zona de locutorios son blancos, no muy distintos a los de una clínica privada. Ahí, en los locutorios, personal policial se sienta tras las computadoras y mira a la pantalla, esperando un dato. Son boxes no muy distintos a los de un call center. Una máquina también puede grabar material automáticamente. En una ventanilla en la antesala al sector de locutorios, personal policial con orden de un juez retiran escuchas en discos. Rara vez va un secretario de juzgado; los sobres tienen precinto y código de barras. Se hace también con identificación de huella digital. En el edificio, todo el material de audio se procesa en las "fonolas", las máquinas que graban CDs. Y en esto está el primer desafío.

En la actual DICOM se graban tres mil discos por día, a una capacidad de 74 minutos de audio cada uno. Las cantidades varían según la causa. En la mañana del viernes se despacharon, por ejemplo, casi 30 discos para una causa narco. Pero no son discos vírgenes comunes y corrientes, de los que uno compra habitualmente en cualquier kiosco. Las "fonolas" requieren discos especiales, con una densidad particular. Tres mil CDs por día, a un dólar de costo por disco y su subsecuente distribución, suponen un costo abultado. Caamaño sabe que este es un problema a superar.

Hay un punto intermedio a la pinchadura de línea: las empresas de celulares mismas, que son las que permiten el ingreso final a la línea. Al momento de recibir las ordenes de escucha, la DICOM las contacta a través de una "línea segura", que graba las comunicaciones. Caamaño dice que con su gestión, la relación con las compañías "se aceitó, pero es un tire-y-afloje". "Acortamos el plazo de conectividad pero tenemos muchas fallas", explica.

La DICOM se encarga de otra tarea clave: la triangulación de celdas, que permiten ubicar a la persona que lleva a un aparato a través de antenas celulares, algo clave en instrucción de causas. Por ejemplo, la triangulación de celdas fue un punto principal en la lista de pruebas que condenó el mes pasado a perpetua a Jonathan Aristimuño por el asesinato del colombiano Jairo "Mojarro" Saldarriaga, ex FARC y supuesta cabeza de una trama narco en el país, abocada a exportar cocaína oculta en barcos a Europa. Pero la triangulación de celdas, en algunos casos, llega tarde.

Caamaño habla de demoras burocráticas: "Las prestatarias tardan en dar la información. Necesitamos que las prestatarias tomen conciencia de que los datos que nos dan son fundamentales cuando está en riesgo la vida de la persona", asegura la funcionaria.

La intervención de mensajería instantánea, en programas como Whatsapp o Telegram, es otro punto. Si se hace o no, Caamaño no va a confirmarlo: "Eso sería ir atrás de la delincuencia. Que piensen lo que quieran. Acá hay una fiscal que piensa como fiscal", asevera.

La transparencia fue un factor desde el inicio del control del MPF en la central de escuchas. "No me van a convertir en un servicio", dijo Caamaño a este medio a horas de asumir el cargo. Anunciaba el fin de las escuchas ilegales, una nueva era de espionaje limpio donde ningún teléfono sería intervenido sin la debida orden de un juez.

Pero un mes después de la llegada de Caamaño a Avenida de los Incas, el diputado porteño Gustavo Vera, cabeza de la ONG La Alameda, dedicada a combatir la trata de personas y la explotación laboral, de estrechos vínculos con el papa Francisco, denunció a Caamaño por un espionaje masivo a él, a sus colaboradores y abogados.

Aseguró en su denuncia que la orden se habría librado a través de un memo interno con membrete de la Procuración, fechado el 12 de agosto, información "que aportará un testigo" a la causa iniciada. Según Clarín, personal dependiente de Gils Carbó alertó a los espiados. Vera también habló en su denuncia de un domicilio en la calle Estados Unidos donde el ala negra del espionaje funcionaría, con una supuesta célula de cinco hackers. Caamaño había dicho en un primer momento que si él era espiado, era por orden expresa de un juez.

Hoy, la investigación al respecto espera avances. Vera recusó al fiscal designado por vínculos con el kirchnerismo. "Yo me puse a disposición del juez. No conozco el domicilio de la calle Estados Unidos, no sé ni lo que hay. Me dicen que es un edificio de la AFI, pero jamás estuve ahí", admite la jefa de la DICOM.

Hay una contracara a esto: la creación de comisiones fiscalizadoras externas que controlen las escuchas. Caamaño asegura haber recibido ya a ONG como Poder Ciudadano y el CELS. "La Procuradora, en la resolución de aceptación de la ex OJOTA creó tres comisiones fiscalizadoras. Una mandó ya su oficio a la Bicameral para que se conforme el grupo que tiene que venir a controlar. Todavía no está armado. Se tiene que armar en el Congreso", dice la funcionaria.