Crudo informe de International Crisis Group sobre Venezuela: "Es un desastre evitable"

La organización advirtió que la severa crisis económica amenaza "con convertirse en una tragedia" y llamó a los países de la región a involucrarse activamente en la búsqueda de soluciones

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"A la gran mayoría de los venezolanos les resulta hoy imposible obtener suficientes alimentos o garantizar su salud", señala International Crisis Group (ICG) en un nuevo informe sobre la situación en Venezuela difundido este jueves.

La organización especializada en prevenir conflictos esboza en el informe un panorama político marcado por el antagonismo y la falta de diálogo entre el Gobierno y oposición, la "erosión" de la democracia y unas cruciales elecciones legislativas en diciembre en las que se presume que el descontento va a pesar en los resultados.

El panorama económico, dominado por la baja del precio del petróleo, muestra, según ICG, recesión, una elevada inflación y un fuerte endeudamiento, con acuciantes compromisos de pago.

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Pero el objetivo central del estudio "Venezuela: Un desastre evitable" es exponer la "emergencia médica", el "declive de la producción" y la "pobreza y el hambre" y recomendar algunas líneas de actuación al Gobierno, la oposición y la comunidad internacional.

Al ser preguntado por EFE si no teme que este nuevo informe sea tachado de "exagerado", Javier Ciurlizza, responsable de ICG para América Latina, dijo que objetivamente la situación ha empeorado respecto a la reflejada en anteriores informes.

"La polarización política se ha acentuado, con el agravante de que hoy Venezuela no cuenta con los ingentes recursos económicos derivados de la bonanza de los precios del petróleo, que permitían sortear las crisis políticas aumentando el gasto social", señala.

"La polarización política se ha acentuado", afirmó el responsable del organismo para América Latina

"Por eso, ahora decimos que la combinación del declive económico, las carencias sociales y la falta de diálogo político confluyen a una crisis más difícil de controlar y con menos opciones para las partes", agregó.

Para la organización con oficina para América Latina en Bogotá, "el descenso pronunciado de los ingresos reales, la marcada escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, junto con el colapso de los servicios sanitarios" son señales de "un problema social inminente".

"Si no se aborda rápidamente de forma contundente, se convertirá en una grave crisis humanitaria, con un impacto sísmico en la política y la sociedad", subraya.

Tras señalar que esta situación es el "resultado de malas decisiones políticas, incompetencia y corrupción", ICG opina que "aún hay tiempo para evitar sus peores consecuencias".

Los países vecinos y organismos regionales como Unasur deben actuar, no sólo por razones humanitarias, sino también "prácticas".

"El colapso de la infraestructura de salud y bienestar social probablemente dificulte aún más el manejo del conflicto político, y podría derivar en una mayor erosión de la democracia y una creciente probabilidad de violencia política. Esto a su vez podría tener repercusiones más allá de las fronteras de Venezuela", dice.

Entre los riesgos potenciales menciona una "migración económica y política a gran escala", "la propagación de enfermedades y la proliferación del crimen organizado".

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Pero, además, advierte del peligro de "un caótico default (cese de pagos) de la deuda externa" venezolana, con consecuencias para los países del programa Petrocaribe y los que son proveedores de la otrora opulenta Venezuela, especialmente Colombia.

El primer paso con vistas a evitar una tragedia debería ser, según ICG, que el Gobierno admita los problemas, seguido del desmantelamiento del sistema de control de cambios y de la búsqueda de un apoyo amplio para implantar un programa de emergencia que restaure el equilibrio económico y proteja a los más vulnerables.

En el caso de que se logre abrir un diálogo político, la prioridad debe ser concertar acciones para garantizar el suministro básico a los más necesitados y un sistema de bienestar social libre de intervención o manipulación partidista.

"El Gobierno no está garantizando un nivel mínimo y aceptable de atención médica a la población"

La oposición, por su parte, debe "resistir la tentación de sumar puntos políticos" y presentar una clara agenda de reformas económicas y sociales.

Para ICG, el papel de los vecinos de Venezuela y la comunidad internacional en general es claro: "Deben abandonar su renuencia a actuar y presionar explícitamente para que se restaure el Estado de derecho y los contrapesos y equilibrios institucionales, empezando por la estricta supervisión de las elecciones parlamentarias".

También deberían ayudar a "aliviar los costos sociales de la actual crisis ofreciendo alimento y ayuda médica y presionando para que se reconozcan y se controlen las epidemias".

"El gobierno venezolano no está garantizando un nivel mínimo y aceptable de atención médica a la población, como exigen la Constitución y los estándares internacionales", y eso "ya está costando vidas", alerta ICG.

En cuanto a la alimentación, la organización internacional señala que Venezuela "no se enfrenta a una hambruna, pero las mejoras en materia de pobreza y nutrición que se lograron entre 2003 y 2012 se han desgastado casi por completo y el bienestar de la población se está deteriorando drásticamente".

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El resumen del informe publicado en la página web del organismo

El deterioro acelerado de la crisis política en Venezuela es motivo de creciente preocupación. El colapso en 2014 del incipiente diálogo entre el gobierno y la oposición abrió la puerta a una inestabilidad que ha ido en aumento. Ante las elecciones legislativas previstas para diciembre, existe el temor de que se reanude la violencia. Pero hay también otro aspecto del drama que no se suele tener tan en cuenta. El descenso pronunciado de los ingresos reales, la marcada escasez de alimentos básicos, medicamentos y otros productos básicos, junto con el colapso de los servicios sanitarios, son elementos de un problema social inminente.

Si no se aborda rápidamente de forma contundente, se convertirá en una grave crisis humanitaria, con un impacto sísmico en la política y la sociedad. Esta situación es el resultado de malas decisiones políticas, incompetencia y corrupción, y aún hay tiempo para evitar sus peores consecuencias. No obstante, esto no sucederá a no ser que se logre salir del estancamiento político y se forjen nuevos consensos, lo cual a su vez requiere la sólida participación de los gobiernos extranjeros y organismos multilaterales.

"Si no se aborda rápidamente de forma contundente, se convertirá en una grave crisis humanitaria"

Como importante país productor que recientemente gozó de una de las alzas en el precio del petróleo más sostenidas de la historia, Venezuela debería estar bien posicionada para sobrellevar el repentino colapso de los precios del sector. El auge generó una importante reducción de la pobreza bajo el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), combinado, al menos en los primeros años, con las políticas de redistribución del gobierno. Sin embargo, la economía ya daba muestras de sobrecarga mucho antes del descenso del 50 por ciento en los precios hacia fines de 2014, un año en el que el PIB se redujo en más del 4 por ciento. La expropiación de tierras y empresas privadas, los duros controles de precios y de cambios, y las empresas estatales, ineficientes y a menudo gestionadas de forma corrupta, son algunos de los factores que afectan a la producción de bienes y servicios. Tras haber contraído enormes deudas, prácticamente agotado sus reservas internacionales y vaciado el fondo de estabilización constituido para afrontar tales eventualidades, el gobierno enfrenta una grave escasez de divisas y ya no puede permitirse compensar las carencias de la producción nacional mediante importaciones.

Naturalmente, quienes más han sufrido las consecuencias han sido los pobres, que dependen de los cada vez más escasos bienes subsidiados, para los cuales a menudo han de hacer cola durante horas sin ninguna garantía de obtenerlos. Las personas que sufren enfermedades como el cáncer, VIH-SIDA, o enfermedades cardiovasculares pueden pasarse meses sin acceder a los medicamentos que necesitan para sobrevivir. Los hospitales e incluso las clínicas privadas no logran mantener suficientes reservas de medicamentos y otros suministros básicos, entre ellos piezas de repuesto para reparar los equipos médicos. La crisis hospitalaria se ha visto agravada porque el gobierno no ha completado un programa de reconstrucción que comenzó en 2007 y ha incumplido sus promesas de construir nuevas instalaciones. Miles de médicos y otros profesionales sanitarios han renunciado debido a los bajos salarios y las condiciones de trabajo inseguras. Las listas de espera quirúrgica son cada vez más largas, y no se logra cubrir los puestos de trabajo.

Algunos economistas pronostican un súbito colapso del consumo y el hambre generalizada, pero la mayoría de los especialistas dicen que el país no está al borde de la hambruna. Una consecuencia más probable es la desnutrición crónica, cuyos efectos ya se vislumbran en algunas encuestas. El colapso del sistema de salud, no obstante, puede tener efectos perniciosos a corto plazo, incluida la propagación descontrolada de enfermedades contagiosas y miles de muertes evitables.

"Los países vecinos de Venezuela y el resto de la comunidad internacional tienen razones prácticas para actuar"

Más allá de las cuestiones puramente humanitarias, los países vecinos de Venezuela y el resto de la comunidad internacional tienen razones prácticas para actuar. El colapso de la infraestructura de salud y bienestar social probablemente dificulte aún más el manejo del conflicto político, y podría derivar en una mayor erosión de la democracia y una creciente probabilidad de violencia política.

Esto a su vez podría tener repercusiones más allá de las fronteras de Venezuela. Los riesgos potenciales incluyen la migración económica y política a gran escala, la propagación de enfermedades y la proliferación del crimen organizado. Sin un cambio de rumbo en la política económica, el país se dirige hacia un caótico default de la deuda externa. Una Venezuela inestable, incapaz de honrar sus compromisos internacionales, podría desestabilizar a otros países de la región, en particular las naciones caribeñas que dependen de la energía que importan de Caracas a precios subsidiados. Asimismo, tendría un impacto directo en Colombia, a lo largo de una frontera que ya de por sí enfrenta múltiples amenazas.

A fin de prevenir las graves consecuencias de una crisis humanitaria en Venezuela:

  • El gobierno debe admitir el problema. Debe dejar de ocultar las estadísticas reales y de acosar a quienes proporcionan información o exigen acceso a ella.
  • Cualquier diálogo o acuerdo político debe priorizar las acciones concertadas para garantizar el suministro básico de recursos escasos, incluidos medicamentos, suministros médicos y alimentos básicos, a los más necesitados, y un sistema de bienestar social libre de intervención o manipulación partidista, que incorpore a actores no-gubernamentales, por ejemplo la Iglesia Católica y organizaciones humanitarias, como proveedores.
  • El actual sistema de control de precios y cambio, que fomenta la corrupción, el contrabando y el mercado negro, al tiempo que alimenta la inflación y la escasez, es inviable y debe ser cuidadosamente desmantelado y reemplazado por mecanismos que proporcionen una red de seguridad para los pobres sin asfixiar la producción.
  • El gobierno debería buscar un apoyo amplio para un programa de emergencia que restaure el equilibrio económico y proteja a los más vulnerables de las consecuencias del ajuste necesario, en lugar de culpar a la oposición y a los gobiernos extranjeros de una imaginaria "guerra económica".
  • La oposición debería resistir la tentación de sumar puntos políticos, reconocer que no hay ninguna solución indolora, y presentar una clara agenda de reformas económicas y sociales.
  • Los vecinos de Venezuela y la comunidad internacional en general deben abandonar su renuencia a actuar y presionar explícitamente para que se restaure el Estado de derecho y los contrapesos y equilibrios institucionales, empezando por la estricta supervisión de las elecciones parlamentarias.
  • Deberían además ayudar a aliviar los gastos sociales de la actual crisis ofreciendo alimento y ayuda médica y presionando para que se reconozcan y se controlen las epidemias.