Con un retraso de siete años, Venezuela presentó este lunes su cuarto informe periódico ante Naciones Unidas, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Con ese fin llegó a Ginebra una masiva delegación oficial, integrada por una treintena de funcionarios de diversas áreas del Estado, incluidos altos magistrados del Poder Judicial, viceministros, asesores de ministerios y representantes del sistema electoral, de las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público.
A la cabeza de la delegación estuvo la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien señaló que si bien el derecho a la manifestación y reunión está consagrado en el ordenamiento jurídico del país, "está condicionado a que sea pacífico y sin armas". "Si estas condiciones están ausentes, deja de ser un derecho", recalcó.
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Aseguró que "en Venezuela es cotidiano que se realicen manifestaciones públicas" y que el deber de la policía es que no deriven "en la vulneración de los derechos de los demás".
Ortega sostuvo que es en ese contexto que se debe entender "lo ocurrido en Venezuela en 2014", en relación a las manifestaciones ciudadanas que terminaron en situaciones de gran violencia en las que murieron más de 40 personas.
Sin embargo, en un comunicado firmado por Amnistía Internacional, Provea, Espacio Público, el Observatorio de Prisiones, Human Rigths Watch y el Observatorio Venezolano de Violencia, entre otros, se afirma que la situación de los Derechos Humanos en Venezuela ha empeorado desde que el Gobierno decidió sacar al país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Se siguen cometiendo graves violaciones a los Derechos Humanos"
Más de 30 organizaciones de Derechos Humanos nacionales y extranjeras solicitaron al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que inste a las autoridades nacionales a garantizar plenamente el derecho a la integridad personal, a la vida, a la libertad de expresión y al debido proceso, entre otros.
En un comunicado difundido este lunes, las agrupaciones reconocieron que en los últimos años las autoridades han aprobado instrumentos y reformas legales que se encuentran en sintonía con los instrumentos internacionales de derechos fundamentales. No obstante, afirmaron que las mismas no han venido acompañadas por acciones que permitan materializarlas.
"El Estado no ha cumplido con su obligación jurídica internacional de proteger los Derechos Civiles y Políticos y se siguen cometiendo graves violaciones a los Derechos Humanos", afirmaron al tiempo que pusieron como ejemplo que "persisten las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, tortura y otros malos tratos y detenciones arbitrarias; así como los ataques y hostigamiento contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y aquellos que son críticos de las autoridades".
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