Para quienes admiramos determinadas políticas públicas sustentadas en el tiempo -independientemente de quien gobierne-, con las que cuenta Chile (el avance tecnológico, la inteligente política comercial y tanto otros etc.), los casos de corrupción de los últimos tiempos nos llaman la atención.
Siempre ese tipo de episodios son de lamentar. Pero tratándose del país que se trata, afecta y sorprende más. Algunos de ellos se han dado en la propia familia de la primera mandataria, Michelle Bachelet, lo que es más dramático aún.
Ninguna nación está vacunada contra la corrupción, pero el talante con el que se encara esas situaciones muestra la talla ante los problemas.
La reacción de Bachelet ha sido la de elaborar medidas anticorrupción y una reforma constitucional. Lo anunció con el fin de terminar con "las irregularidades, la corrupción y las faltas a la ética".
Las leyes de por sí no evitan las irregularidades y la corrupción. Las pueden perseguir y castigar de forma más justa, mas no evitarlas. Delincuentes siempre ha habido y habrá, por más que se tipifiquen delitos.
Lo que jamás podrán lograr leyes de ese tipo es terminar con las "faltas éticas". Así como la ética no se codifica, tampoco se impone por leyes. La ética se transmite por educación y formación. A menos que la reforma normativa propuesta apunte a fortalecer estos aspectos, nada tendrá que ver con la ética. Y aun así, será para las futuras generaciones, no para quienes han cometido hoy determinadas irregularidades.
Además de todo esto, algunas preguntas esenciales: ¿se requiere una reforma constitucional para esto? ¿Modificando artículos de la Constitución se evita que ciertos dineros caigan en bolsillos equivocados? ¿O existen otros intereses detrás de la reforma?
Si seguimos algunos eventos trasandinos, veremos que la Presidenta subió a su sillón prometiendo una reforma de la Ley Fundamental.
Da la sensación, ahora, que aprovechó la coyuntura crítica –caída en las encuestas, familiar directo involucrado en casos de corrupción- para doblar la apuesta, distraer la atención y marcar la agenda con un tema siempre atrayente para el pueblo: una refundación.
Son dos caminos bien distintos: uno será el de legislar para corregir y castigar a los desviados, y otro, el de rediseñar los arreglos constitucionales del país.
La garantía es que la última palabra la tiene el pueblo chileno, que –como decimos en Uruguay- sabrá si le están vendiendo gato por liebre o no.
El autor es ex Diputado nacional de Uruguay por el Partido Colorado
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