No será una cita tranquila la que espera el venezolano Nicolás Maduro en Panamá, donde el viernes se reunirán mandatarios de 35 países en una nueva Cumbre de las Américas.
El representante venezolano deberá enfrentar un escenario externo cada vez más hostil a su política de hostigamiento de opositores y violaciones a los derechos humanos. La presión no vendrá tanto de otros jefes de Estado, sino de ex presidentes, que, por primera vez, han formado un frente único para denunciar "la alteración democrática" en el país caribeño.
El jueves 9 de abril, víspera de la apertura oficial del encuentro, 21 ex presidentes iberoamericanos presentarán la llamada Declaración de Panamá. Allí pedirán a los mandatarios participantes que se interesen por la crisis política en Venezuela y busquen una solución "que respete los principios constitucionales y las normas internacionales".
Entre los firmantes estarán Jorge Quiroga (Bolivia); Sebastián Piñera (Chile): Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Belisario Betancur (Colombia); Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Óscar Arias y Luis Alberto Monge (Costa Rica).
También suscribirán la declaración Osvaldo Hurtado (Ecuador); Alfredo Cristiani y Armando Calderón (El Salvador); José María Aznar (España); Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Mireya Moscoso (Panamá), Alejandro Toledo (Perú) y Luis Alberto Lacalle (Uruguay).
En la Declaración de Panamá, los ex mandatarios iberoamericanos piden también la puesta en libertad de los presos políticos y restablecer las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, según la fuente.
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Los 21 ex jefes de Estado y de Gobierno afirman que la Cumbre de las Américas no puede obviar "la urgente e inaplazable necesidad de apoyar al pueblo de Venezuela".
La declaración estará dirigida a los participantes, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la ONU, para alertar de que "la alteración democrática que sufre el país se profundiza en lo social y lo económico".
"Preocupación" en Uruguay
El primer aliado de Caracas que ha dado señales de cambio en su actitud hacia Venezuela ha sido Uruguay. Desde la llegada a la presidencia de Tabaré Vázquez, el nuevo Ejecutivo ha lanzado críticas cada vez más explícitas contra el gobierno de Maduro.
El vocero de la nueva posición ha sido el ministro de Exteriores, Rodolofo Nin Novoa. El lunes, el funcionario dio que algunos episodios ocurridos o denunciados en Venezuela "generan mucha preocupación" a Montevideo.
En declaraciones con el programa radial local En Perspectiva, Nin se refirió en particular a la "autorización que hay para reprimir manifestaciones con armas de fuego" y dijo que "es un exceso a todas luces".
Consultado sobre el reciente informe de Amnistía Internacional, titulado "Venezuela, los rostros de la impunidad", en el que se denuncian muertes de manifestantes por disparos de policías o grupos progubernamentales, torturas y vejaciones sexuales, así como detenciones arbitrarias y represalias por denunciar abusos, el canciller uruguayo dijo que es un reporte "enormemente preocupante".
Lo es, "sobre todo, para un país que vivió las mismas condiciones que están viviendo parte de los venezolanos ahora hace más de treinta años y tuvimos que salir al mundo a pedir ayuda", dijo Nin en referencia a las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura uruguaya que comenzó en 1973.
"Los derechos humanos -dijo Novoa- son la única materia en la cual la no injerencia en los asuntos internos de los países no es válida". "Los derechos humanos se defienden todos en todas partes del mundo", insistió el canciller, quien recordó el pedido de que la Cruz Roja pueda ingresar a las cárceles venezolanas a constatar la situación de opositores arrestados.
Derechos Humanos
Claro que no sólo los ex presidentes preocuparán a Caracas. Una treintena de organizaciones de Derechos Humanos de todo el continente -entre las que se encuentran Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y la Comisión Internacional de Juristas) emitieron el pasado martes un pronunciamiento en el que exigen a Venezuela que cese "el hostigamiento contra defensoras y defensores de los derechos humanos" y piden a la Cumbre que exigan "al Gobierno de Nicolás Maduro que asegure que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan realizar su labor sin temor a represalias".
Las entidades latinoamericanas que se adhirieron a la declaración son el Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos (Brasil), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) (Argentina), el Instituto de Defensa Legal (IDL) (Perú) y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) (Colombia), entre otras.
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