Aristegui, quien además conduce su propio programa en CNN en Español, es la periodista que en noviembre de 2014 reveló que la esposa del presidente de México tenía una millonaria residencia adquirida a un contratista del Gobierno.
El conflicto entre la prestigiosa trabajadora de prensa y MVS Radio surgió a raíz de que Aristegui adhirió al proyecto Méxicoleaks, según la emisora, utilizando su nombre sin contar con facultades para ello y sin consultarlo con la administración.
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Luego del incidente, la radio despidió el jueves pasado a los periodistas Daniel Lizárraga e Irving Huerta, miembros del equipo de investigación de Aristegui, quien exigió en plena emisión de su programa radial el viernes su reincorporación como condición para resolver el conflicto con MVS.
"Lamentamos la posición de la conductora, pero como empresa no podemos aceptar condicionamientos y ultimatos de nuestros colaboradores", dijo la compañía en un comunicado.
Previo al anuncio, la empresa se había desligado, a través de varias publicaciones en la prensa y en sus noticieros multimedia, de pertenecer a Méxicoleaks.
Aristegui, que se ha destacado por realizar investigaciones dirigidas a destapar actos de corrupción, acusó el viernes a MVS de recurrir "a la estridencia mediática creando un clima de ruptura", y calificó a sus colaboradores expulsados como fundamentales para su trabajo de investigación.
"Lo que le digo a MVS es que la reinstalación de Daniel Lizárraga y de Irving Huerta, lo comprenderán, es una condición irrenunciable para seguir adelante", afirmó.
Piezas claves
Según la conductora, ambos periodistas fueron clave en la investigación sobre la residencia de la primera dama mexicana.
La publicación de la existencia de la llamada Casa Blanca, de la esposa del Presidente, la actriz de telenovelas Angélica Rivera, forzó a ésta a poner en venta los derechos de la casa, que todavía no había terminado de pagar y que aseguró estaba adquiriendo con lo que había acumulado en su trabajo.
Pero el caso dañó la imagen del presidente Enrique Peña Nieto, que atravesaba su peor momento a raíz de la supuesta masacre de 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero.
La casa había sido adquirida por medio del Grupo Higa, subsidiaria de una empresa integrante de un consorcio que había ganado una millonaria licitación para la construcción de un tren de alta velocidad, pero que fue cancelada tras la publicación.
Días después, otros medios revelaron que también el secretario de Hacienda,
le había comprado una casa a Grupo Higa, y que el propio mandatario poseía una propiedad adquirida a otro contratista, beneficiado con contratos de obra cuando Peña era gobernador.
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