El Consejo Europeo condenó este miércoles a Francia por no prohibir expresamente en su legislación los castigos corporales a los niños, como los azotes o las bofetadas, una práctica apoyada por el 80% de los ciudadanos franceses, según encuestas.
El gobierno francés, sin embargo, ha defendido su legislación alegando que las normas vigentes ya protegen de forma suficiente la integridad física de los menores y ha planteado que no planea modificar las leyes al respecto, informó hoy el diario español El País.
El veredicto contra París, adoptado por unanimidad, señala que la legislación francesa no prohíbe de forma "expresa y completa todas las formas de castigos corporales aplicados a los niños susceptibles de atentar contra su integridad física, su dignidad, su desarrollo y su estabilidad psíquica".
"La legislación francesa no prohíbe expresa y completa todas las formas de castigos corporales aplicados a los niños"
Los tres miembros del organismo que son autores del veredicto consideran que Francia viola el artículo 17 de la Carta Europea de Derechos Sociales, según el cual los Estados miembros del Consejo de Europa se comprometen a proteger "a los niños y adolescentes contra la negligencia, la violencia y la explotación".
Francia ya había sido advertida por el Consejo de Europa por el mismo motivo en 2003, 2005 y 2014, pero el Gobierno mantiene, como ha hecho ahora en este caso, que las normas vigentes ya protegen de forma adecuada a los menores. Al respecto, el Ejecutivo ha alegado que en 1991 y en 2011 se enviaron circulares a todos los colegios franceses en las que se advertía que los castigos corporales estaban prohibidos.
El Consejo de Europa, sin embargo, entiende que no son suficientes esas circulares y que esa prohibición debe constar explícitamente en las leyes, como ya lo han hecho 27 de los 47 países miembros de esa organización, España entre ellos.
En la actualidad, son 45 los países que en todo el mundo prohíben expresamente el castigo corporal a los menores, según El País.
La decisión actual contra Francia tiene su origen en una denuncia de la ONG británica Approach (Asociación por la Protección de los Niños) presentada hace dos años. La acusación recuerda que los jueces franceses han asumido en sentencias de 2003, 2008 y 2012 que existe el "derecho a corregir" a los niños con castigos físicos, siempre que el maltrato sea de baja intensidad y que se persiga un fin educativo.
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