Los consumidores reclamaban que Google exigía que compañías como Samsung favorecieran aplicaciones como YouTube en teléfonos con Android y restringieran apps rivales como el buscador de Microsoft, Bing.
Alegaron que esto aumentó ilegalmente los precios de los teléfonos avanzados porque los rivales no podían competir con el "espacio en la pantalla principal" que disfrutaban las aplicaciones de Google.
Pero la juez de distrito Beth Labson Freeman de San José, California, dijo que los consumidores no habían sido capaces de demostrar que el alza de precios derivara de una decisión de Google de forzar ilegalmente contratos restrictivos con los fabricantes de dispositivos móviles.
Dijo también que no sabía cuántos niveles existían en la cadena de distribución entre los fabricantes de dispositivos que habían firmado los contratos supuestamente anticompetitivos y los propios consumidores.
"Sus supuestos perjuicios - precios sobrecompetitivos y amenazar la innovación y la libertad del consumidor - no son medios necesarios por los cuales la demandada está llevando a cabo sus fines anticompetitivos", sostuvo Freeman.
La jueza dio a los demandantes tres semanas para modificar sus reclamos bajo la ley antimonopolio y la ley de competencia del estado de California.
Robert López, abogado de la acusación, no respondió inmediatamente a las peticiones de declaraciones. Aaron Stein, portavoz de Google, declinó hacer comentarios.
Google también se enfrenta a acusaciones de prácticas antimonopolio en Europa.
El Parlamento Europeo apremió en noviembre a las autoridades de la competencia a desmembrar la empresa californiana, e hizo un llamado a la Comisión Europea para que considere la propuesta de desligar los motores de búsqueda de otros servicios.
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