De acuerdo con uno de los negociadores de paz del gobierno de Colombia con las FARC, el general en retiro de la Policía, Óscar Naranjo, en 688 de los 1.101 municipios colombianos, es decir en el 62,5 por ciento de todo el país, hay minas antipersona colocadas por las FARC.
"El barrido que ha hecho el programa de desminado humanitario señala esa dramática realidad", afirmó Naranjo, que fue nombrado el año pasado por el presidente Juan Manuel Santos, en una entrevista que fue publicada hoy por el diario El Tiempo.
El funcionario, sin entrar en detalles, explicó que las FARC han expresado en la mesa de diálogo de paz en Cuba su disposición para ayudar al desminado, acción que podría significar una reducción de la intensidad del conflicto armado que vive Colombia desde hace más de medio siglo.
"No quiero faltar a nuestro compromiso de confidencialidad de las negociaciones. Las FARC ya han expresado su voluntad para ayudar con el desminado", subrayó Naranjo.
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Según las cifras expresadas por el negociador de paz, desde 1990 se han registrado en Colombia 11.006 víctimas, entre muertos y lesionados, de minas antipersona. El año pasado, hubo 267 víctimas.
Los departamentos más afectados por los campos minados son Meta (centro) y Antioquia (noroeste). En marzo de 2013, el presidente Santos proclamó a San Carlos (Antioquia), como el primer municipio del país "libre de sospecha de minas antipersona".
Las operaciones del retiro de esos artefactos proscritos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) culminaron en ese municipio en diciembre de 2011, y fueron realizadas por ingenieros militares de la Cuarta Brigada, a través de un batallón de desminado humanitario.
Para su labor, los artificieros siguieron información suministrada por el Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal (Paicma). Colombia es, con Afganistán, el país más afectado por las minas antipersona y el único de América en el que se siguen sembrando estos explosivos.
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