Sigue la polémica en Colombia en torno a la brutal muerte de un toro durante las corralejas de Turbaco, en el departamento de Bolívar. Mientras las autoridades se cruzan acusaciones, el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, propuso realizar una consulta popular para definir el futuro de este tradicional evento.
"Éste es un hecho que se debe someter a un debate más profundo para defender los principios y tradiciones de las comunidades, pero, a su vez, atender las denuncias de los defensores de animales. Los hechos que se presentaron en Turbaco son reprochables. Lo que allí vimos fueron hechos demenciales", aseguró Gossaín, quien solicitó al alcalde de Turbaco, Mayron Martínez, la suspensión de las corralejas.
Este pedido "no se puede tomar por el calor de la situación, porque eso nos podría generar hechos de violencia", respondió Martínez.
Julio Quintana, organizador de estas fiestas de Turbaco, por su parte, condenó la violenta muerte del animal, y reconoció que no hubo un adecuado control de seguridad, según consigna El Tiempo.
"Las autoridades deben tomar cartas en el asunto y capturar a los responsables", deslizó.
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Los grupos defensores de los derechos de los animales, en tanto, mantienen su presión y continúan reclamando el fin de estas celebraciones. "Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", disparó Fanny Pachón, la activista que lideró las manifestaciones en los últimos días.
Juan Carlos Cárcamo, abogado de los grupos animales, adelantó que realizarán "una denuncia formal ante la Procuraduría para Asuntos Ambientales, porque en estas corralejas no se contaba con ambulancias". "A los heridos los estaban trasladando en bus de transporte público", agregó.
Desde el Ministerio de Cultura, recordaron que tanto la preservación de los animales como la de las tradiciones culturales tienen "rango constitucional", pero señalaron que se necesita reformar el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, con el objetivo de prohibir y sancionar "los actos de barbarie como el sucedido en Turbaco".
Por lo pronto, un proyecto de ley que se encuentra en tratamiento en el Congreso apunta a sancionar a los agresores de animales con hasta 38 millones de pesos.
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