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A las protestas por la sanción en Chubut de una ley que permite ampliar las zonas en las que se practica la megaminería se sumó en las últimas horas una imagen que hizo estallar el escándalo: mientras se debatía la norma, el legislador peronista Gustavo Muñiz fue fotografiado cuando aparentemente recibía indicaciones del gerente de una minera.

La imagen difundida a través de las redes sociales sugiere que Gastón Berardi, directivo de Yamana Gold, le señalaba al diputado introducir un cambio en la redacción del artículo 4 de la ley. Según puede verse en el mensaje de la foto, el legislador le habría aclarado que ese punto no era importante porque después el Poder Ejecutivo de la provincia podía cambiar algunos términos en la reglamentación final de la norma.

La fotografía fue tomada el martes a la noche y comenzó a circular en las primeras horas del miércoles. Aunque las organizaciones ambientalistas recién empiezan a evaluar los pasos a seguir, el abogado Enrique Viale confirmó a Infobae que en estos momentos estudian presentarse a la Justicia para denunciar el caso y solicitar que el diputado entregue su agenda de teléfonos y todos los mensajes que hayan intercambiado con el gerente de Yamana Gold.

Esta madrugada, la Legislatura de Chubut aprobó un dictamen que abre la puerta a la explotación minera en las zonas donde los pobladores así lo acepten, a través de consultas vinculantes. La nueva norma generó fuertes protestas de los ambientalistas porque el texto fue sancionado a partir de lo que consideran una tergiversación del proyecto de iniciativa popular que ellos habían presentado.

Tras cinco horas de discusión y por 15 votos a 12, fue aprobado un dictamen que cambió radicalmente el proyecto original elaborado por la Unión de Asambleas Ciudadanas que pretendía prohibir la megaminería en la provincia.

Viale: "Es como si por iniciativa popular se hiciera un proyecto de ley contra la trata de personas y la ley que termina saliendo habilitara los prostíbulos"

Los artículos originales de la iniciativa popular antiminera presentada seis meses atrás con el aval de 13 mil firmas ampliaba los alcances de la ley 5001 que prohíbe los yacimientos a cielo abierto. Por los plazos que establece la Constitución provincial, el plazo para tratar el proyecto vencía ayer.

"Es un gran escándalo. Hay una gran indignación en el pueblo de Chubut. Podrían haber rechazado la iniciativa popular, pero lo que hicieron fue muy artero. Alejan a la gente de las instituciones. Es como si por iniciativa popular se hiciera un proyecto contra la trata de personas y la ley que termina saliendo habilitara los prostíbulos", comparó Viale.

El articulado de la norma original fue reemplazado por otro que beneficiaba a las empresas. Lo aprobado implica la suspensión por 120 días en todo el territorio de la provincia del inicio de cualquier actividad minera metalífera, lapso en el cual el Ejecutivo deberá promover el debate en torno a la actividad.

Asimismo, los diputados dispusieron que, antes del inicio de cualquier emprendimiento, deberá realizarse una consulta popular vinculante en las regiones afectadas. El texto fue consensuado entre el bloque del kirchnerismo y un desprendimiento conocido como Interbloque.

"Encontramos en los artículos (de la iniciativa popular) una inconstitucionalidad y nos hemos concentrado en esta responsabilidad de hacer cumplir la Constitución Provincial que tiene artículos que habilitan que se desarrolle la minería en la provincia", explicó la jefa del bloque del FpV, Argentina "Ika" Martínez.

En uno de los momentos de mayor tensión entre el público que presenciaba el debate, la sesión debió interrumpirse ya que manifestantes antimineros quisieron ingresar por la fuerza al sector de las barras, por lo que debió intervenir la Infantería.

La diputada Martínez explicó que los 120 días de suspensión para el inicio de cualquier iniciativa "no" son para quedarse "en la casa" sino para debatir "como corresponde, y si los chubutenses dicen que no, no habrá minería"

El diputado de la UCR Roberto Risso dijo sentirse "defraudado" por lo aprobado. En diálogo con InfobaeTV, dijo que la industria minera tiene un gran poder de lobby en la provincia: "La presión ha llegado al Estado. El Estado no regula".

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