El Mundial Qatar 2022 vive en el ojo de la tormenta. Ya sea por las denuncias de corrupción en su proceso electoral, por las altas temperaturas o por la explotación de trabajadores en las obras de los estadios.
Este último ítem fue el eje de un informe de Amnistía Internacional (AI), que denunció la explotación de los trabajadores extranjeros con un documento titulado "No hay prórroga: cómo Qatar está fallando en los derechos de los trabajadores ante la Copa del Mundo".
Esta organización de derechos humanos pone en duda el compromiso de las autoridades qataríes y asegura que no avanzaron desde que hace seis meses anunciaron reformas. El informe coincide con la revelación de que obreros norcoreanos trabajan en Qatar en condiciones de esclavitud para enriquecer al régimen de Pyongyang.
Según un artículo que publicó The Guardian, unos 3.000 obreros norcoreanos trabajan en condiciones de esclavitud en las obras de Qatar sin recibir un sueldo a cambio. Aunque las agencias estatales de su país que los colocan aseguran que parte de los salarios se envían a sus familias en Corea del Norte, las declaraciones de varios trabajadores indican algo diferente.
Al parecer, en Pyongyang se quedan al menos con el 90% de lo que ganan estos obreros. Si bien el diario británico menciona cuatro obras en el nuevo barrio de Ciudad Lusail en las que trabajan obreros norcoreanos, no hay indicios suficientes de que estén implicados en la construcción de estadios para el Mundial.
Antes de su designación como sede mundialista, Qatar tenía población autóctona de apenas 300.000 personas. Esa cifra se duplicó hasta alcanzar los dos millones. Los extranjeros suponen el 94% de la fuerza laboral. La mayoría son obreros no cualificados procedentes de Asia.
Amnistía Internacional asegura que el Gobierno de Doha no cambió nada. Su informe se centra en el sistema de patrocinio, que ata a los trabajadores a la persona que los emplea y los pone en peligro de ser explotados. El empleador se convierte en el dueño del obrero al quedarse con su pasaporte y firmar o no el permiso de salida del país.
Además, no hay suficiente control sobre el cumplimiento de los contratos, y a menudo los obreros cobran menos de lo estipulado, trabajan sin las medidas de seguridad mínimas y se ven obligados a vivir en condiciones deplorables.
Al estar prohibidos los sindicatos, carecen de amparos, y el recurso a la Justicia es muy caro. Amnistía Internacional cierra su documento anunciando que hará otro control en seis meses.
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