La expulsión de extranjeros, un debate recurrente en Argentina desde hace más de un siglo

Pese a que esta nueva encarnación del debate presenta sus características propias (la postura dividida dentro del Gobierno, el contexto del avance narco y el aumento del delito), la discusión acerca de la deportación de extranjeros es una constante de la política argentina, que se retrotrae a más de un siglo de nuestra historia.

En noviembre de 1902, durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, se sancionó la Ley Nº 4.144, más conocida como la Ley de Residencia, que habilitaba al gobierno a expulsar a cualquier extranjero sin juicio previo. Esta normativa, que recién sería derogada varias décadas después por el presidente Arturo Frondizi, se enmarcaba dentro de una serie de iniciativas del Ejecutivo para frenar el accionar de los anarquistas que habían llegado al país desde Europa, considerados como los responsables de "agitar" al movimiento obrero.

El proyecto de ley fue redactado por un verdadero prohombre de la política y cultura argentina como fue Miguel Cané, quien fuese diputado, senador, embajador, profesor, banquero, periodista, intendente de la Ciudad de Buenos Aires, además de autor de reconocidos libros de ficción, ensayo y crónica de viajes.

Cané, integrante de la Generación del 80 y miembro de la alta sociedad, había tenido hasta ese momento una destacada labor con un marcado perfil cosmopolita y modernizador. Como bien recuerda el ex ministro de Educación Horacio Sanguinetti, "exigió aumentos del presupuesto educativo, reclamó becas estudiantiles, proyectó una decena de tendidos ferroviarios uniendo puntos del interior, solicitó aliento con Brasil y Uruguay, prefigurando así al Mercosur".

De todas formas, a la hora de valorar la influencia de los extranjeros en la población, y pese a su inicial postura a favor de la llegada de ciudadanos de otros países para poblar el territorio argentino, Cané terminó siguiendo las instrucciones de la Unión Industrial Argentina, que había exigido al Gobierno en 1899 que controlara los flujos migratorios para poner final a las protestas obreras, centradas en conseguir mejoras de las condiciones de trabajo.

En su libro La expulsión de los inmigrantes, Cané, que ya había dado muestras en su literatura de su visión demonizadora del extranjero y su desprecio a los anarquistas ("Ellos nos suprimen por la dinamita, nosotros los suprimiremos por la ley", amenazó en Notas e impresiones), advierte que la situación del país ya no permite una política tolerante hacia los extranjeros.

"Un poco de vida administrativa y una larga permanencia en Europa me han hecho ver hasta qué punto el gobierno de nuestro país se encuentra desprovisto de medios de defensa contra nuevos enemigos del orden social, no previstos ni por nuestros constituyentes ni nuestros legisladores", reflexiona al inicio del libro, que fue concebido como una guía para los legisladores que se aprontaban a debatir la iniciativa en el Congreso.

Pero inmediatamente anuncia que los tiempos han cambiado, y que este nuevo mapa social se debía, entra otras cosas, "a la difusión empeñosa de la instrucción popular, llevada más de los límites tras de los cuales el pobre pierde su quietud de espíritu, y la extraordinaria fuerza del capital, desenvolviéndose en una potencia social de primer orden y suscitando resistencias y odios irreductibles".

Sin embargo, una vez que la norma comenzó a aplicarse, Cané se dio cuenta enseguida de que su ley, inspirada en iniciativas de la época que acababan de ser aprobadas en Francia y Bélgica, estaba siendo usada de manera discrecional, aunque el error había sido enteramente suyo: el texto que había impulsado permitía la deportación inmediata, sin ningún otro justificativo que el deseo del Poder Ejecutivo.

Dedicaría sus últimos años de vida a impugnar la validez de su propia ley. En un discurso de 1904, un año antes de su muerte, declaró: "Las huelgas, las reivindicaciones sociales legítimas, señores, no se resuelven apelando a la Ley de Residencia, que es una ley concebida y sancionada contra el crimen y no contra el derecho; ni movilizando al Ejército, sin respetar y haciéndolo odioso a aquellos cuyo sudor fecunda nuestra tierra".