Se instala la malicia

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Alex Freyre, un casi desconocido burócrata del gobierno nacional, puso en apuros a la oposición cuando auguró que moriría gente por falta de medicamentos. Mezclaba un hecho posible -inherente al sistema democrático que prohíbe una nueva reelección- con algo inimaginable, que ni siguiera sucedió, como tuvo que salir a aclarar la Fundación Huésped, en los aciagos días posteriores al 200-. Pero más allá del rechazo absoluto de los candidatos que miden encuestas presidenciales, quedó la sensación amarga de cómo semejante barbaridad puede ser pensada.


La historia nos recuerda que el mundo toleró, por poco tiempo, leyes de "eugenesia" o "muerte por piedad", suprimiendo "bocas improductivas" en la dictadura nacionalsocialista, hasta que la conciencia individual pudo más y no se dejó morir a los abuelos y enfermos. La ley fue suspendida. Pero algo ya se había instalado en la moral colectiva, porque más tarde, esas mismas personas no supieron reconocer el mal extremo, lo que nunca debió ocurrir, en palabras de Hannah Arendt, "lo que no puede ser pensado", porque de haberlo reconocido en su momento el mundo sería otro.


Interpretar el hecho como una controversia sobre derechos a la salud es un error que no sólo torna irresoluble la alternativa extrema de dejar morir gente sin medicación, sino que la desvía de su eje: porque nadie negó que la vida humana es sagrada, intrínsecamente valiosa e inviolable, sino que las diferencias se vinculaban a los distintos sentidos de la palabra "vida". Por lo que algunos candidatos vieron la necesidad de poner fuera de controversia el derecho a recibir medicación del Estado, cuando lo necesitaran; y así cayeron en la trampa, sujetando la vida de los enfermos a la voluntad futura de un gobierno, cuando debiera condicionarla.


Se patentiza así la malicia del argumento, obligando a razonar sobre lo que no puede ser justificado, cuando lo que debe prevalecer es la fuerza de la vida, no sujeta a interés ni a más necesidad que la de conservarla dignamente. No se trata del derecho a vivir, porque éste puede ser suprimido -adoptando una democracia sólo formal, como ocurre con las dictaduras o autoritarismos, donde el Estado abandona ciertas funciones básicas- sino en reconocerle su naturaleza absoluta, su sacralidad, incluso laica. Es ella la que resiste cualquier oposición.


Saltando ambigüedades voluntarias o casuales, la discusión intentó separar lo que constituye la vida como concepto moral, dándole contenido político: nadie objeta lo primero, la vida humana es algo intrínsecamente valioso, pero algunos creen posible su abandono por contingencias de la política. Con esa concesión, le otorgan un nuevo significado al valor de la vida y reconocen que positivamente, en algún momento puede ser negada.


El exabrupto de ese funcionario de tercera no fue un hecho aislado: desde el Gobierno, la presidente usó similar sofisma, aunque desprovisto de la naturaleza trágica anterior, para celebrar un hecho científico, preguntándose si otros hubieran puesto como ella un satélite nacional en órbita espacial, como si la millonaria inversión no postergara áreas sensibles pero menos espectaculares, como educación, salud, seguridad, en suma, mayor dignidad para la gente. Más que una campaña de temor, como se dijo, lo que quedó instalado es el pobre significado que tiene la vida, la condición precaria en que se la mantiene.


Vivimos una "vida biológica o desnuda", paradigma "biopolítico" de una comunidad agonal, donde la exclusión del que piensa distinto es un componente necesario. A ello se le suma la sujeción a un poder de muerte (bio-poder) que es la resultante de la irreparable exposición y abandono del hombre. Así como la ciencia protege la vida, la desprotege cuando los intereses son políticos, manteniendo latente ese poder de muerte del que se puede servir como último recurso perverso.


La realidad no le pasa siempre al otro, sino que se presenta a diario en cada calle, en cada "entradera", porque a los reclamos de los que son víctimas de la nueva violencia, sólo se atina a oponérsele una resistencia judicial al castigo del culpable, al encarcelamiento, a la responsabilidad y el juicio. Mientras, una vida se pierde, en un eterno retorno a viejas o nuevas fórmulas academicistas que desprotegen al ciudadano de bien. Por lo que algo nos dice sobre la necesidad urgente de revisar ese modo de pensar, si la búsqueda es por libertad, seguridad y justicia.