En la noche del 20 de septiembre de 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) entregó, en la Casa Rosada, el informe de su investigación al presidente Alfonsín. En Plaza de Mayo 70.000 personas participaban del acto. Vista desde hoy, esa Argentina parece otro país. Los autores de los crímenes de la dictadura más sangrienta de su historia todavía integraban las Fuerzas Armadas, y medio siglo de intervencionismo militar en la vida política hacían temer por la democracia. El mundo y la región también eran otros. En los Estados Unidos, los neoconservadores agudizaban la apuesta, en el marco de la Guerra Fría, de derrotar al comunismo, guerras civiles desangraban Centroamérica, y dictaduras de seguridad nacional gobernaban Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
"Después de la verdad, ahora la justicia" era la consigna del acto. Un día antes, el jefe del Estado Mayor del Ejército había desmentido la existencia de inquietud en los cuarteles aunque había reconocido que, "como toda la ciudadanía", estaban expectantes por el informe, y había reivindicado la "lucha antisubversiva". Mientras, los servicios de inteligencia, cuyos agentes habían actuado durante la dictadura, alertaban al Presidente sobre posibles disturbios.
Tras el acto, desconfiados del gobierno, los familiares de desaparecidos dejaron la plaza y, junto a las Madres de Plaza de Mayo que no participaron de la entrega del informe, marcharon al Palacio de Tribunales para reclamar que la justicia civil actuase en las causas por violaciones a los derechos humanos. Nadie imaginaba, entonces, que el Nunca Más se convertiría en la pieza acusatoria clave en el juicio a las Juntas militares y en la memoria canónica sobre las desapariciones en la Argentina.
Treinta años después, este informe revela una vigencia notable. Es de consulta obligada en los juicios por crímenes de lesa humanidad, para la búsqueda de restos de desaparecidos, de los menores apropiados por las fuerzas represivas y para decidir los ascensos en las Fuerzas Armadas. También juega un papel clave en la transmisión de la memoria. Hasta 2013 se vendieron 610.000 ejemplares, se reeditó una y otra vez, y testimonios incluidos en sus páginas guían a los visitantes en los sitios de memoria e integran los manuales de historia en la escuela media. En el plano político, la interpretación de su prólogo sobre el pasado de violencia ocupa un lugar central en los debates sobre los años setenta.
Pero, además, su valoración trascendió las fronteras argentinas. El Nunca Más se convirtió en un antecedente insoslayable para las decenas de "comisiones de la verdad" creadas a escala global, en contextos de transición de la dictadura a la democracia y de la guerra a la paz, para exponer las violaciones masivas de los derechos humanos negadas o relativizadas por sus autores.
Comprendí, cuando realizaba el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, la importancia del Nunca Más para examinar la memoria que se forjó en la Argentina sobre las desapariciones y los desaparecidos, así como sus cambios y continuidades desde 1983. Por eso investigué su historia, en un contexto en el cual el pasado reciente y la memoria cobraron legitimidad académica como objetos de estudio y renovada presencia pública tras la reanudación de los juicios por violaciones a los derechos humanos, la activación del recuerdo de la militancia de los años setenta y la multiplicación de políticas, como la creación de sitios y fechas alusivas, para transmitir la memoria.
Desde la primera edición de este libro, en 2008, el Nunca Más fue objeto de nuevas disputas. En primer lugar, se profundizaron las discusiones públicas por la inclusión en 2006, en el trigésimo aniversario del golpe, de un nuevo prólogo escrito por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ex miembros de la CONADEP lo rechazaron y, a la vez, denunciaron la supresión, en una reedición, de la firma de Ernesto Sabato, presidente de la CONADEP, al pie del prólogo original. Sustracción y adición, entendían, reflejaban la política de "apropiación de la memoria" de los gobiernos kirchneristas.
Pese a que la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) recordó que el prólogo nunca había incluido firma, se inició una campaña para que próximas ediciones consignaran la del escritor. En segundo lugar, defensores de la "lucha antisubversiva" también impugnaron la reedición de 2006. Denunciaron la inclusión, en el anexo con la lista de las víctimas del "Terrorismo de Estado", de los ejecutados de forma sumaria, entre los que se contaban combatientes armados muertos durante gobiernos constitucionales entre 1973 y 1976, y renovaron su reclamo para que se reconociera y reparara a las víctimas de la guerrilla.
Por último, el Nunca Más fue usado como fuente en juicios que examinaron la complicidad empresaria en las desapariciones. Desde una perspectiva opuesta, quienes pretenden inscribir a la violencia guerrillera como crimen de lesa humanidad para habilitar su juzgamiento impugnaron la diferencia que postuló el Nunca Más entre la violencia guerrillera y estatal.
Estas disputas no son ajenas a los procesos que atraviesan las luchas memoriales en Occidente. La figura de la víctima pasiva, objeto de violencias extremas, alcanzó una legitimidad inédita y desplazó a los actores comprometidos, en especial a los militantes políticos. De hecho, se constituyó en una voz autorizada para enunciar la verdad y definir el contenido de la memoria. En este marco, el reconocimiento jurídico y político de esta condición trágica se convirtió, paradójicamente, en un objetivo codiciado y, por ello, motivo de enfrentamientos.
Simultáneamente, se renovó el examen de las responsabilidades jurídicas, políticas y morales de actores no estatales, como las corporaciones económicas, religiosas y políticas, las fuerzas insurgentes y los "hombres comunes y corrientes" en los procesos de violencia y exterminio. Por último, en el contexto de la crisis contemporánea de paradigmas e identidades, la memoria y las luchas por su "propiedad" adquirieron una centralidad e intensidad desconocidas.
Estos enfrentamientos encuentran sus raíces en las confrontaciones que, desde hace cuarenta años, se libran en el país por dotar de sentido al pasado de violencia política y violaciones a los derechos humanos, revitalizadas por las políticas de los gobiernos Kirchner.
En ese contexto, las intervenciones reseñadas evidencian la erosión del régimen de memoria propuesto por el Nunca Más. Desde distintos ángulos, discuten su periodización del proceso de violencia en función de la dicotomía entre democracia y dictadura; la restricción del universo de víctimas a los desaparecidos; la focalización exclusiva de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la violación de los derechos humanos y la distinción que el informe estableció entre los crímenes de lesa humanidad y la violencia subversiva. Constituyen, a la vez, expresiones de debates pendientes que abarcan las responsabilidades por los crímenes de Estado durante los gobiernos peronistas entre 1973 y 1976, las complicidades empresarias, de la jerarquía católica y la dirigencia política en el exterminio, el examen de la militancia de los desaparecidos y del significado político de la lucha armada.
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